Por Angel García Navarro
Al entregar la iniciativa para incluir en el Código Penal para la entidad “los delitos cometidos contra la libertad de expresión”, el encargado de despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), Santiago Nieto Castillo, mencionó que desde 2022 a la fecha los municipios que más denuncias tienen por diversos tipos de delitos son Mineral del Monte, Mixquiahuala de Juárez, Huejutla, Pachuca, Tula de Allende, Zempoala, Chapantongo, Tizayuca y Agua Blanca.
Esta iniciativa que se presentó en el marco del Día de la Libertad de Expresión el 7 de junio, busca tipificar los delitos contra la libertad de expresión con penas de 2 hasta 6 años de prisión.
Con esta adición de tres artículos al Código Penal del Estado de Hidalgo, se busca la protección de periodistas y sanción a aquellas personas y funcionarios que pretendan coartar por cualquier vía la libertad de expresión, bajo parámetros específicos.
Abundando en el tema, Nieto Castillo dijo que siete por ciento de las carpetas de investigación relacionadas con agresiones a trabajadores de la prensa han sido judicializadas, el 36 por ciento se encuentran en integración y el 57 han sido resueltas por atipicidad “ya que no existió delito que perseguir establecido en el Código Penal en la entidad, y solamente hubo acuerdo reparatorio o prescripción”.
Referente a los municipios donde se han cometido estos delitos, 14 de las agresiones contra periodistas son investigadas como amenazas, 10 como lesiones, seis como robo, cuatro como daño a la propiedad y solo tres como abuso a la autoridad, en el caso del periodista agredido en Mineral del Monte hace algunos meses, hechos por los cuales se denunció, la creación de la carpeta de investigación fue desechada porque el delito contra la libertad de expresión no está actualmente tipificado.
La propuesta, que ya está en el poder legislativo y fue recibida por el diputado Octavio Magaña, presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana y de Justicia en el Congreso del Estado de Hidalgo, comentó de la importancia de este documento y afirmó que legislar en materia de protección a periodistas es una de las prioridades legislativas.
Magaña Soto indicó que los resultados de las mesas de trabajo que se han llevado a cabo entre la actual legislatura y la PGJEH han llevado a la construcción de esta iniciativa, “pues gracias a los resultados”, se tomó la decisión de presentar la propuesta.
Al finalizar el evento, el diputado del verde comentó que, en un lapso de ocho a quince días, la propuesta se someterá a votación en el pleno para su aprobación.
A nivel nacional
Del 5 de julio del 2010 a principios del año pasado, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle) ha logrado 29 (2%) sentencias condenatorias de un total de 1,483 indagatorias abiertas en el mismo periodo.
La Feadle, que es parte de la Fiscalía General de la República (FGR) refirió, en su reporte estadístico del año pasado que las 1,483 indagatorias, por delitos del fuero federal contra periodistas, agrupan a 1,784 víctimas u ofendidos; de ellos 54 son medios de comunicación como tal y 1,730 son periodistas.
Del total de las indagatorias, en 289 se ejerció la acción penal.
Los datos de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión mostraron que, entre julio del 2010 y febrero pasado, se han girado 153 órdenes de aprehensión contra presuntos responsables de los delitos contra comunicadores y medios.
Además de que seis personas han sido sometidas a prisión preventiva por delitos como robo, homicidio y amenazas contra medios o periodistas.
Problemas en México en la primera fiscalía para investigar delitos contra periodistas
México fue uno de los primeros países en haber creado una fiscalía especial para investigar crímenes contra periodistas, la primera versión de la Feadle, fue la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas (FEADP), creada en febrero de 2006.
Uno de los problemas iniciales que tuvo esta nueva Fiscalía fue que el acuerdo que la creó no establecía una definición de periodista ni una metodología para determinar qué se consideraba como “ejercicio profesional” para establecerlo como móvil de un ataque.
Esto permitió a la Fiscalía establecer una definición estrecha y declararse incompetente para investigar la mayoría de los crímenes antes de establecer si realmente había conexión con el trabajo periodístico.
Otro problema fue que la FEADP estaba limitada a delitos federales y a delitos cuya pena fuera prisión, por lo que dejaba fuera de su competencia las amenazas o agresiones.
La FEADP duró apenas cuatro años y para 2010 era evidente que no había funcionado. En los cuatro años antes de la creación de esta Fiscalía, 10 periodistas fueron asesinados y en los cuatro años siguientes, fueron 32.
Para 2010, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su Informe Especial sobre la Libertad de Expresión en México 2010, hablaba sobre los nulos resultados de la Fiscalía.
“Dicha dependencia no ha contribuido a reducir la impunidad generalizada que existe en los casos de violencia contra periodistas, toda vez que, de acuerdo a la información suministrada al momento de la visita, desde su creación en 2006 no había logrado la sanción penal de un solo responsable, y sólo había consignado cuatro casos”, dice el Informe en su punto 199.
En ese Informe la Relatoría reconocía ya la transformación de la FEADP en la Feadle, que fue creada en agosto de 2010.
Sin embargo, la nueva Fiscalía mantuvo las ambigüedades respecto a la definición de “periodista” o “actividad periodística” para justificar su intervención. Esto provocó un aumento en las declaratorias de incompetencia, el recurso de la Fiscalía para no intervenir en un caso. Y aunque la ley da a las víctimas o sus familiares el recurso de combatir la declaración de incompetencia ante un juzgado, la resolución de un juez puede tardar de seis meses a un año, lo que afecta las investigaciones, especialmente la recolección de evidencias.
Caso de éxito de la Feadle
El caso de Miroslava Breach ha sido considerado como un logro de la Feadle, junto con las detenciones y sentencias obtenidas por el asesinato del periodista Javier Valdez Cárdenas en Sinaloa el 15 de mayo de 2017, menos de dos meses después del asesinato de Breach.
Pero ambos casos son excepcionales por la forma en que la Feadle atrajo la investigación después de presiones de grupos de periodistas, organizaciones civiles y organismos internacionales de defensa de la libertad de expresión.
El caso de Javier Valdez fue inusitado pues el mismo día de su asesinato, el entonces presidente Enrique Peña Nieto anunció que la Feadle atraería el caso. Peña Nieto reaccionó así a la condena por el crimen contra uno de los periodistas mexicanos más galardonados en el extranjero, reconocido por sus coberturas del crimen organizado.
El caso de Javier Valdez fue el único que ameritó tal intervención del presidente mexicano. Peña Nieto no lo hizo con los 31 homicidios de periodistas ocurridos antes del 15 de mayo de 2017 ni con los 15 que siguieron hasta el 30 de noviembre de 2018 que dejó el gobierno.
Sexenio de AMLO
Desde que se inició el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador del 2018 al 2022 existen 151 periodistas y defensores de derechos humanos han sido asesinados.
Hasta octubre de 2021, la Secretaría de Gobernación (Segob), en su reporte, «Agravios contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas», daba cuenta de 47 comunicadores y 94 defensores de derechos humanos asesinados en tres años de administración; sin embargo, los casos se siguen acumulando.
Al iniciar el 2022, otros cinco periodistas fueron asesinados en las primeras semanas de enero y febrero.
El pasado 26 de enero, Enrique Irazoque Palazuelos, titular de la Unidad de Derechos Humanos y responsable del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, precisó que, a partir de diciembre de 2018, se tenían contabilizados 52 asesinatos contra periodistas y 97 contra personas defensoras de derechos humanos.
Lo anterior tras el asesinato de los periodistas Lourdes Maldonado, José Luis Gamboa y Margarito Martínez. Pero después se reportaron los homicidios de Roberto Toledo y de Heber López. Esta situación generó varias movilizaciones en el país por parte del gremio, que exigió un alto a la violencia y a la impunidad.
Hasta el momento, las autoridades solo han logrado la detención de los presuntos agresores de Lourdes Maldonado y Heber López.
Irazoque Palazuelos puntualizó que 57% de las agresiones contra periodistas se concentra en seis entidades: Estado de México, Guerrero, Michoacán, Sonora, Oaxaca y Veracruz
En cuanto a los homicidios de los activistas, cinco estados concentran el 64% de los casos: Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Oaxaca. Veracruz, en estos casos el 99% de los homicidios también prevalece en la impunidad, pues solo en dos de los asesinatos se ha dictado sentencia.
