Por Miriam Camacho
El Congreso del estado de Hidalgo, fue uno de los 15 en el país, que no discutió la reforma constitucional “Ley 3 de 3 contra la violencia” la cual establece que ninguna persona agresora sexual, deudora de pensión alimenticia o que haya incurrido en actos de violencia familiar puedan aspirar a algún cargo de elección popular.
Desde el pasado 28 de abril fue entregado el oficio a la legislatura local, sin embargo, no le dieron la importancia que requiere; para que esta ley fuera aplicable en el país para los próximos comicios del 2024 era necesario que 17 estados avalaran la propuesta y apenas el 17 de mayo se concretó con la aprobación de Chihuahua, Durango, Yucatán y Zacatecas que se sumaron a los 13 estados que ya habían respaldado la ley.
La reforma sería promulgada a inicios de junio para que se modifiquen las reglas electorales de la contienda federal, por tanto, quien haya sido condenado o sancionado mediante resolución firme por violencia familiar y/o doméstica, agresión de género en el ámbito privado o público; por delitos sexuales, contra la libertad sexual o la intimidad corporal; o quien aparezca como deudora alimentaria morosa, es decir, quien incumpla con la pensión alimentaria, no podrá aspirar a una candidatura en 2024.
El Poder Legislativo de Hidalgo desdeñó que las cifras no le son favorables pues de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) de enero a marzo del 2023 Hidalgo contabiliza 6 feminicidios (en Apan, Huasca, Huehuetla, Tecozautla, Tizayuca y Zacualtipán) 6 homicidios dolosos; 11 homicidios culposos; 284 casos de lesiones dolosas; 1,822 eventos de violencia familiar; 296 violaciones; 68 denuncias por acoso y 1,495 llamadas al 911 por violencia familiar, lo que coloca a la entidad en el número 9 en esta última incidencia.
Como antecedente están establecidos desde el 28 de octubre de 2020, mediante el acuerdo INE/CG517/2020 del Consejo General del INE los «Lineamientos para que los Partidos Políticos Nacionales y, en su caso, los partidos políticos locales, prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la violencia política contra las mujeres en razón de género», solo que, desde esas fechas solo se requería protestar de decir verdad, buena fe y sinceridad de parte del aspirante, esta reforma pretende hacerlo más formal y verificar que efectivamente el posible candidato no tenga acusaciones de este tipo en su contra.
