Balcón político Semanal / Por Carlos Camacho
En su programa semanal “Los Martes del Jaguar”, la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, advirtió:
La advertencia se relacionaba con dos empresas creadas por cercanos al presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), para darles contratos por 83.2 millones de pesos, de los que “pedía moches”, según denunció en abril pasado, Montserrrat Arcos Velàzquez, entonces titular del organismo de Mujeres Priistas y encargada de firmar los tres contratos otorgados entre el 2020 y 2022, para diversos cursos online, para liderazgo político de las mujeres.
Y una de esas empresas, se constituyó en diciembre del 2019, ante el notario número 2 de Metztitlán, Efraín Arista, con el nombre de Carpe Fugit, con domicilio legal en Pachuca, meses después de que Alejandro Moreno Cárdenas y Carolina Viggiano Austria, ganaron la presidencia y la secretaría general del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), del PRI.
Esa misma empresa en el 2021, cambió su domicilio a la Ciudad de México y su nombre por el de Servicios Administrativos Fugith.
El diario 24 Horas, que se edita en la CDMX, publicó un amplio reportaje para denunciar que “Alito” Moreno autorizó tres contratos por 82 millones de pesos a empresas “dudosas”, que fueron creadas por personas allegadas al ex gobernador de Campeche.
A Integra Estrategias Globales, le entregó dos contratos por 51 millones de pesos, entre los años 2020 y 2021 para cursos de capacitación y liderazgo político de las mujeres. En la firma estaban involucrados Román Manuel Con Romero, funcionario de la Comisión Nacional de Areas Protegidas, donde percibía un salario mensual del 30 mil pesos y decía tener un 27 por ciento de participación de las acciones de la empresa.
Otro socio era Miguel Angel Sulub Caamal, ex diputado federal del PRI (2015-2018) y ex presidente estatal del PRI en Campeche. Cuando se dieron los contratos, Sulub Caamal era secretario técnico de la fracción del PRI en la Cámara de Diputados y cobraba entonces un salario de 101 mil pesos.
En el año 2022 el PRI entregó un contrato por 30.2 millones de pesos a la empresa Servicios Administrativos Fugith, para impulsar el liderazgo político de las mujeres, a través de cursos online.
Apenas en abril pasado, la encargada de autorizar los contratos, denunció a “Alito” Moreno por pedir “moches” por los contratos otorgados entre el 2020 y 2024.
El diario Reforma, también divulgó que el presidente del PRI además de un castillo y un lago, en Campeche adquirió un predio de 39 mil metros cuadrados en el fraccionamiento residencial Campeche Hills, por el que pagò 150 mil pesos, aunque su valor real es de 150 millones de pesos.
El valor catastral es de 4 mil 849 pesos, por lo que paga una irrisoria cifra por impuesto predial. El metro cuadrado de ese predio oscila entre los tres y cuatro mil pesos.
Al futuro senador de la República se le ha acusado de enriquecimiento inexplicable. Incluso sus casas han sido cateadas por las autoridades de la Fiscalía, que encabezada Renato Sales.
Con todo y esos antecedentes, Alejandro Moreno y Carolina Viggiano, se reeligieron por un periodo de cuatro años, hasta el 2028, con el 97 por ciento de los 448 votos e los consejeros políticos nacionales. Recibieron 440 sufragios a favor y los otros ocho fueron para Lorena Piñón y Cuauhtémoc Betanzos.
Aunque, para esta elección, primero reformó los estatutos que le permitieron acabar con el emblemático “sufragio efectivo, no raeelección”, redujo el número de consejeros, anulando a los presidentes municipales, presidentes de comités municipales, a los organismos adherentes, a las sectores obrero, agrario y popular, para acomodar a su modo el consejo político y reelegirse sin contratiempos.
Advirtió que aquellos que criticaran al partido serían expulsados y por lo pronto, dejó fuera de la bancada priista en el Senado de la REpúnlica, al ex gobernador sonorense, Manlio Fabio Beltrones.
Desoyó los reclamos de los ex dirigentes del PRI, que acusan que todo fue una farsa, a la que se prestó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federaicón (TE^JF), que hasta ahora ha hecho caso omiso a las demandas de ex dirigentes como Dulce María Sauri, Pedro Joaquín Coldwell, Enrique Ochoa, entre otros.
Aquí en Hidalgo también alzaron la voz los ex gobernadores Manuel Angel Núñez Soto y Francisco Olvera Ruiz, además de ex dirigentes estatales del tricolor como Jaime Costeira Cruz, Aurelio Marín Huazo, José Antonio rojo García y Geraldina García Gordillo.
Los ajustes en los estatutos, también facultan a Alejandro Moreno a decidir a los candidatos a cargos de elección popular y a la permanencia de los actuales presidentes estatales de su partido.
Para el caso de nuestro estado, El virtual diputado local, marco Antonio Mendoza Bustamante, podrá extender su gestión por cuatro años más, sin dar oportunidad a otras opciones.
Si a nivel nacional, Alejandro Moreno secuestró al PRI, en Hidalgo, no hay más voz que la de Carolina Viggiano, quienes enfrentan el serio reto de mantener a flote un barco que parece ir en picada y que si bien en el discurso habla de luchar a favor de la gente, en los hechos hasta a sus propios militantes han hecho a un lado, de ahí que en 10 años hayan perdido el 80 por ciento de su militancia, a pesar de los 6,6 millones de votos que presumen haber obtenido el 2 de junio pasado.
