Se suman dos demandas colectivas contra Sonia Ocampo

Por Miriam Camacho

Afiliados a la Sección XX del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud (SNTSA), convocaron a conferencia de prensa para por acusar a la eterna lideresa sindical Sonia Ocampo Chapa por presuntamente estar coludida con empresas que hacen cobros indebidos a los trabajadores vía nómina por supuestos préstamos; en meses anteriores esta situación ya había sido ventilada pero ahora se suman dos nuevas denuncias interpuestas en Pachuca y Huejutla respectivamente.

El asunto es que en su momento más de 4000 trabajadores pidieron préstamos que se les descontaría mediante su quincena, sin embargo, después de liquidados, los descuentos de sus cuentas continuaron por lo que iniciaron carpetas de investigación contra la lideresa pues no obtuvieron su apoyo y fue ella quien convino con las empresas. Los empleados acusan que son más de 10 compañías de préstamos pero los más representativas son Exitus, Dinerito Express y Etesa a quienes acusan incluso de falsificación de firmas.

Luego de haber iniciado las carpetas de investigación por estos hechos, a la fecha solo unos 150 afiliados son a quienes se les ha suspendido el cobro indebido pero no ha ocurrido con todos y por eso se suman las denuncias, los afectados por esta situación representan el 30 por ciento del total de trabajadores pero no todos han querido denunciar por temor a represalias.

En su oportunidad la lideresa sindical destacó que el conflicto era por qué no querían pagar, pero los sindicalizados dieron muestra de los documentos que avalan los pagos y los descuentos desmedidos que en latinos casos representa hasta el 50 por ciento de sus ingresos.
Piden al gobernador Julio Menchaca Salazar apoyo para continuar con las investigaciones, así como solicitaron desde el 2 de diciembre del 2022, que la dependencia de salud estatal restablezca el pago mediante cheque electrónico (SIT), para tener mayor control sobre su dinero.
La conferencia estuvo encabezada por Lidia Herrera Angeles, Julio Jiménez Sánchez y Gabriela Carrasco Hernández, miembros del sindicato y víctimas de los descuentos injustificados.

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