Por Miriam Camacho
Parece que el anuncio del gobernador, Julio Menchaca Salazar, para ser el principal promotor de la revocación de mandato, obedece más a un tema político que a algo factible pues según la ley de Revocación de Mandato del Estado de Hidalgo, ningún integrante del poder ejecutivo, legislativo o judicial, servidores públicos, ayuntamientos o partidos políticos pueden intervenir en las etapas del proceso por lo que tendría que ser un asunto netamente ciudadano.
Otro tema que sale a relucir es que en el marco local y en el Código Electoral es que se consignan expresamente como infracciones el usar recursos públicos para la obtención de firmas, es decir que ni autoridades ni dependencias pueden usar dinero, bienes o medios oficiales para ello, esta prohibición está prevista como infracción y sancionable pero no significa que ningún “gasto público” pues el ente encargado de llevar a cabo el proceso es el Instituto Estatal Electoral (IEEH) y dispone de dinero público para sus actividades.
Por eso es habitual que el IEEH solicite y ejerza recursos públicos (presupuesto institucional) para cubrir actividades administrativas y logísticas, como impresión de formatos, operativo de verificación, personal, arrendamiento; al respecto, el Consejo del IEEH aprobó una ampliación por aproximadamente 14 millones de pesos para la primera etapa (registro, validación y operativos iniciales).
Es decir, el IEEH si puede utilizar este recurso (aunque sea dinero público) para llevar a cabo el proceso, pero los servidores no pueden usarlo para promover o evitar el desarrollo del mismo, pues ahí si aplicarían sanciones, también se indica a los partidos políticos y servidores públicos que no pueden usar la estructura pública para promover o recabar apoyo, solo pueden hacerlo ciudadanos y organizaciones civiles.
Al respecto, el gobernador y la Secretaría de Hacienda estatal han declarado que hay disponibilidad y que la ampliación sería autorizada (en la ampliación presupuestal para el periodo del 5 de septiembre al 31 de diciembre) esta fue por 14 millones 16 mil 944.55 pesos para la etapa inicial.
La propuesta del gobernador para revocarse a sí mismo no prosperó pues de acuerdo con el artículo 16 fracción III, se impide a los titulares de los poderes hacer la promoción, pero igual la solicitaron en su calidad de ciudadanos Pablo Apodaca Sincel y Tonatiuh Herrera Gutiérrez.
En caso de que estos ciudadanos den seguimiento, la recolección de firmas corre por cuenta de los promoventes u organizaciones a través de recursos privados, voluntariado, o donaciones privadas, siempre y cuando no provengan de recursos públicos.
De los más de 14 millones, 8 serán asignados a la Dirección Ejecutiva de Administración del IEEH para fines administrativos y de logística, las etapas incluidas serían según el plan integral de actividades la de registro de promoventes, verificación, operativos, materiales, entre otros.
Si este presupuesto no se ejerciera porque no se llevan a cabo las actividades para lo que fue etiquetado, el recurso podría quedar “en reserva” del IEEH, podría regresarse al erario estatal si se trata de fondo público asignado y no fue comprometido o se reasigna a una cuenta de remanentes.
No hay sanciones específicas, pero si no se justificara la no utilización, podría el IEEH tener que rendir cuentas a la contraloría estatal, auditorías o incluso sanciones en términos de responsabilidad fiscal si hubiera uso ilegal del gasto.
Como se trata de un ejercicio inédito en la entidad, el IEEH estará bajo lupa: la contraloría estatal y auditorías internas o externas revisarán que el gasto se apegue a la ley y que no se utilicen recursos públicos para hacer propaganda, la ruta hacia la revocación está abierta, pero solo para la ciudadanía: la ley dejó fuera al gobernador.
