Por Ignacio García
Durante los primeros dos años de la pandemia de Covid-19, en Hidalgo incrementó 19.5 por ciento la violencia contra las mujeres indígenas en zonas rurales, por lo cual se trató del sector más violentado en los primeros años de la contingencia sanitaria, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI).
El estudio federal reveló que en total al menos seis de cada diez mujeres indígenas en el estado padeció algún nivel de violencia entre 2020 y 2022, por lo cual se trató de uno de los problemas más recurrentes para este sector demográfico, pero menos del diez por ciento de los casos se denunciaron ante las instancias correspondientes.
De acuerdo con el INPI, la mayor concentración de la violencia contra las mujeres se registró en los municipios del Valle del Mezquital, así como de la Huasteca, la Sierra y la Otomí Tepehua, donde habita más del 90 por ciento de la población que forma parte de las comunidades originarias del territorio estatal.
De la misma manera, los datos revelaron que el principal tipo de violencia recibida hacia las mujeres indígenas fueron psicológicos, verbales y físicos, los cuales en su mayoría fueron cometidos por personas cercanas a las víctimas como sus parejas sentimentales, quienes habitaron en la mayoría de los casos en estos incidentes.
Asimismo, las mujeres indígenas padecieron mayores niveles de discriminación, por lo que tampoco se garantizó la accesibilidad a los servicios públicos básicos como atención médica, así como de transporte, educación, alumbrado público, pavimentación, entre otros.
Al respecto, María Inés Mendoza Castro, investigadora de Estudios de Género de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), expresó que las mujeres indígenas sufren una doble estigmatización, debido a su condición, pues las mujeres padecieron mayor violencia por la convivencia constante con sus agresores que en el caso de las zonas rurales fueron mayores.
La académica sostuvo que la violencia contra las mujeres fue una pandemia creciente en el estado durante los primeros años de la contingencia sanitaria, pero existe una escasa cultura de la denuncia para que se fortalezcan las acciones penales contra los agresores, pese a que también aumentaron los casos de violencia familiar.
Según la integrante del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), la violencia que padecen las mujeres se ha presentado en distintos escenarios, por lo que se requieren de acciones específicas para atender a las mujeres en esta condición para concientizar sobre la importancia de denunciar a sus agresores, mientras que otros no se han efectuado acciones de intervención social.
Aseveró que las autoridades estatales, municipales y federales no efectuaron acciones específicas para atender a las mujeres indígenas, debido a que sigue como uno de los sectores sociales más abandonados en la entidad que también se encuentran en la mayor vulnerabilidad.
En tanto, Adriana Velázquez Montoya, activista y promotora cultural indígena, expresó que las autoridades estatales y federales han sido omisas en promover políticas públicas orientadas en la atención de las mujeres indígenas que han padecido violencia y que no se han intensificado.
La activista comentó que los casos de violencia contra las mujeres indígenas pueden desembocar en feminicidios, los cuales también incrementaron durante los primeros dos años de la pandemia, por lo que se convirtió en una pandemia dentro de la pandemia que generó miles de muertes violentas que no se han esclarecido.
De la misma manera, apuntó que las autoridades federales como el INPI abandonaron a las mujeres indígenas en el estado, ya que no se han efectuado labores específicas de atención para las personas en condiciones de violencia que se fortalecieron con el confinamiento masivo.
También añadió que las mujeres en las comunidades rurales han padecido distintos problemas de violencia en el territorio estatal, con lo cual se obliga a promover procesos de intervención para contener estos casos, pero reprobó que se eliminaron apoyos federales como los refugios temporales que eran indispensables para garantizar la integridad de las mujeres víctimas de violencia.
La promotora cultural especificó que las mujeres indígenas de las regiones con mayor desigualdad y pobreza han sido aspectos que han impactado la calidad de vida de las mujeres, con lo cual comentaron que no se desarrollaron acciones para disminuir los niveles de violencia e inseguridad en el territorio estatal.
Sobre esta situación, Ariadna Fernández Montes, habitante de la comunidad La Roja, ubicada en el municipio de San Bartolo Tutotepec, reconoció que durante los primeros años de la pandemia padeció violencia física por parte su ex pareja sentimental, quien se encuentra procesado penalmente por las agresiones que le propinó en varias ocasiones.
La joven madre de familia que se auto adscribe como tepehua refirió que varias mujeres en su condición se encuentran en situaciones similares, pero en la mayoría de los casos no se han interpuesto las denuncias penales sobre los casos de violencia en los niveles más profundos.
Aunque sufrió violencia, decidió interponer la denuncia correspondiente ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), por lo que recibió acompañamiento de diferentes colectivas para que su agresor fuese castigado, pero admitió que en la mayoría de los casos las mujeres no han vivido en condiciones positivas.
