La pérdida de beneficios laborales históricos y la caída del poder adquisitivo generan incertidumbre en el futuro de los jóvenes.
Por Ignacio García
En Hidalgo, el 30 por ciento de la población económicamente activa que labora es joven y no tiene asegurado un futuro económico para el retiro, una vez que concluya su vida laboral, lo que representa a 657 mil personas de entre 18 y 29 años de edad en esa condición, de acuerdo con datos del Estudio Nacional sobre Financiamiento Económico, elaborado por el Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
El estudio federal reveló que casi una tercera parte de la población total de la entidad labora en activo, pero la Administradora de Fondo para el Retiro (Afore) no les generará condiciones económicas dignas para el retiro una vez que dejen de ser productivos económicamente.
De acuerdo con el estudio elaborado por investigadores en Economía, las condiciones económicas en las que se encuentran los jóvenes se precarizarán más en los futuros años, ya que está asociado a una serie de factores como la pérdida del poder adquisitivo, así como el crecimiento de la inflación y la caída real de los ingresos económicos.
Esta situación se observó desde 1997, cuando entró en vigor la reforma laboral en el gobierno de Ernesto Zedillo, con la que desapareció el sistema de pensiones, por lo cual el Estado mexicano y los patrones dejaron de encargarse de la protección económica de las personas jubiladas, y se convirtió en responsabilidad de los trabajadores.
Asimismo, la situación de precarización se agudizó en la brecha por género, pues las mujeres se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad, principalmente entre quienes comenzaron su vida laboral a partir de 2012, tras la reforma constitucional laboral que se aprobó en el cierre del sexenio de Felipe Calderón.
Al respecto, Ismael Galindo Zavaleta, investigador de dicho instituto de la UNAM, refirió que el problema de precarización laboral se reflejará en la crisis económica que vivirán los trabajadores jóvenes de la actualidad cuando se retiren, ya que no existen los incentivos para dejar esas funciones.
El académico mencionó que esto provoca que los jóvenes no tengan asegurado un futuro económico y estén en la incertidumbre, ya que las remuneraciones que obtendrán mediante una Afore, sin importar la institución financiadora, no será suficiente para garantizar mejores condiciones de vida en las próximas décadas.
Asimismo, indicó que estos beneficios laborales se extinguieron desde la década de los noventa, por lo cual consideró que es fundamental que se garanticen condiciones fiscales más apropiadas para quienes en estos momentos destinan los mejores años de sus vidas para actividades económicas y puedan ser acreedores a una vida digna en el retiro para su vejez.
De la misma manera, enfatizó en la importancia de una reforma fiscal que sea progresiva en cuanto a la reincorporación de derechos laborales perdidos por la mayoría de las personas que en la actualidad laboral, para obligar a las empresas a destinar más aportaciones para quienes trabajan en distintas áreas.
Incluso mencionó que esta problemática se observa en el sector público, pues las prestaciones laborales que en la actualidad reciben los empleados en las administraciones municipales, estatales y federal son menores a las que percibían las personas que en la actualidad están jubiladas.
Por su parte, Enrique Valencia Cortés, académico del Centro de Estudios Económicos para la Integridad, consideró que las autoridades federales históricamente han sido omisas en garantizar condiciones adecuadas para el retiro de quienes son personas trabajadoras, principalmente quienes se encuentran en el rango de juventud.
El economista sostuvo que la crisis que se avecina no ha sido contemplada por las autoridades federales, ya que las personas que en la actualidad están en incertidumbre sobre su futuro económico tenderán a movilizarse para buscar mejores condiciones económicas que no han sido garantizadas.
También externó que los jóvenes están en el abandono sistemático sin que se garanticen mejores condiciones económicas para los grupos más vulnerables que han sido abandonados, por lo que consideró esencial que se generen modificaciones paulatinas para revertir esa situación.
Entre sus principales propuestas se encuentran una reforma fiscal en la que se encargue de mejorar la recaudación tributaria por parte del Estado, así como incentivar un sistema de cuidados, en el que se obligue a las empresas a dotar de mejores condiciones económicas a los trabajadores para que perciban salarios reales.
El Centro de Estudios Económicos Espinosa Yglesias detalló que desde la década de los ochenta los trabajadores han padecido una precarización laboral acompañada de la pérdida del poder adquisitivo que cayó 98 por ciento en el cierre del siglo pasado, aunado a que los salarios reales son más bajos, pese a que la población en la actualidad está más educada que sus padres y sus abuelos que tuvieron acceso a mejores oportunidades laborales y de ingresos.
Además, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) enfatizó que la pobreza laboral ha crecido de forma prolongada en los últimos años, acompañada de la ausencia de condiciones económicas dignas para la población que está en mayor pobreza.
En Hidalgo, el organismo autónomo subrayó que los ingresos económicos reales de los trabajadores son de los más bajos en el país con menores ingresos económicos entre las entidades del centro del país.
