Por Carlos Camacho
El Congreso local, pagó más de nueve millones de pesos para una consulta que no sirvió. Es la tercera vez que la consulta a pueblos y comunidades indígenas, con efectos electorales en Hidalgo, es invalidada por la Suprema corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Primero se hizo una cuando la presidenta de la legislatura local era la priista Luis María Pérez Perusquía y se hicieron observaciones de obligado cumplimiento, cosa que no se ocurrió; después en tiempos del morenista Ricardo baptista González, se gastaron cerca de un millón de pesos en el mismo ejercicio, que se impugnó y tampoco fructificó.
Ahora, con el morenista Jorge Hernández Araus, como presidente del Congreso local, se ordenó realizar de nuevo la consulta a pueblos y comunidades indígenas.
Para ese propósito contrató a la firma SEAP Consultores S.C., con oficinas en la Ciudad de México, que resultó ganadora de una licitación y cobraría 9 millones 720 mil 800 pesos.
Además, el Poder Legislativo, les ordenó una consulta a personas con discapacidad, para garantizar su participación en la selección de candidatos a cargos de elección popular. Por ese ejercicio cobró otros dos millones 494 mil pesos.
El diputado perredista Miguel Ángel Martínez Gómez, en su calidad de presidente de la Comisión de Atención a Pueblos Indígenas, anunció la consulta indígena, además de la actualización del catálogo de comunidades indígenas, lo que tendría un costo de 8 millones 700 mil pesos.
Al final, la empresa contratada incumplió en la correcta realización de la consulta por la que cobró casi 10 millones de pesos, a pesar de que se comprometió a que el trabajo que desarrollaría sería de “óptima calidad”.
El Congreso local tenía cinco días hábiles para aprobar o rechazar el resultado de la encuesta, cosa que ignoró, pues al parecer no fue revisado y tuvo que ser la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la que diera la razón a un reclamo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos CNDH), para desaprobar dicho ejercicio.
La SCJN señaló que el Congreso local no realizó adecuadamente la consulta indígena para considerarla en una reforma electoral, lo que afecta en sus derechos electorales a los grupos de población autóctona, afromexicana y personas con discapacidad.
Hoy nadie ha dicho lo que procede al respecto, y no hay responsables señalados con los pagos por un ejercicio fallido y que en principio afecta el presupuesto del Poder Legislativo. Falta escuchar la voz del actual presidente del Congreso, el diputado local del Partido del Trabajo, Osiris Leines Medécigo.
