Por Rogelio Hernández López
Este es otra especie de reporte para colegas y otras personas interesadas.
El reportero invitado en San Luis Potosí a exponer sobre la situación de las y los periodistas encontró al menos seis sorpresas en torno al periodismo y a su protección:
— La ley estatal de Protección, es la segunda en diez años y no se aplicó convenientemente durante dos gobiernos.
— Aunque el gobierno actual del partido verde no gestó ninguna de las dos leyes, en el año y nueve meses que lleva Ricardo Gallardo Cardona como gobernador se logró instalar mejor el Mecanismo de Protección estatal; se completó su cuerpo colegiado de dirección con representantes de periodistas y personas defensoras de derechos humanos; cuenta con reglamento de operaciones y atiende solicitudes.
— La lista de periodistas y medios que se han registrado en comunicación social del estado rebasa los trescientos cincuenta, más que en entidades con mayor población; y aquí, la mayoría asegura que su medio es digital «con muchos seguidores y Lights» para solicitar convenios de publicidad o, con frecuencia, «apoyos» para hacer periodismo. Fenómeno similar al de muchas entidades.
— Los organismos de periodistas profesionales disminuyeron su efectividad para gestionar asuntos de mejoría colectiva. En 2012 hubo un frente gremial, donde participaba destacadamente el Colegio de Periodistas de San Luis, pero ahora se percibe más desunión y casi se desvaneció la red estatal de autoprotección.
— A pesar de las 350 personas periodistas registradas formalmente y de un mecanismo de protección que ya opera, éste solo tiene un caso aceptado por posibles riesgos a su integridad pero sí le llegan demasiadas solicitudes de apoyo económico o en especie por el supuesto de que es una instancia de fomento y ayuda y no de protección cautelar, como son todos los mecanismos similares en el país.
De todo esto y más la información se obtuvo de colegas periodistas en charlas informales, de servidores públicos del área de derechos humanos, de comunicación social y de protección.
— Y también fue relativamente sorpresivo que el Subsecretario Jurídico, de Derechos Humanos y responsable directo del Mecanismo de Protección de San Luis Potosí, Ángel Gonzalo Santiago, invitara a este reportero para impartir una conferencia, en la ceremonia central por el 7 de junio, no obstante saber que tiene una posición crítica al llamado día de la libertad de expresión por haberse originado por un pacto entre empresarios y gobierno y no representa a los trabajadores de la información de interés público.
La ceremonia
La ceremonia oficial por el 7 de junio se realizó en una improvisada sala del museo de arte contemporáneo Federico Silva de la capital del estado. Fueron ocupadas las 55 sillas y una parte de los pasillos, en gran parte eran servidores públicos, legisladores y representantes de la Comisión de Derechos Humanos del estado. Solo se identificaron alrededor de diez periodistas, la mayoría reporteros gráficos.
El acto oficial fue breve con solo dos intervenciones formales.
La primera fue de Patricia Calvillo integrante de la Red de Mujeres Periodistas de San Luis Potosí recién incorporada como periodista a la instancia directiva del Mecanismo de Protección.
Ella aseguró que muchos colegas desconocen el perfil de este Mecanismo y hacen muchas solicitudes ajenas a su función esencial de proteger ante riesgos. Aseguró que sí funciona. Agradeció varias veces su operatividad.
El secretario general de gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, intervino a nombre del gobernador. Recordó el origen del 7 de junio de 1951 como el día de la libertad de expresión y extendió el reconocimiento y respeto del gobierno estatal a periodistas y comunicadores que, dijo, son fundamentales para las relaciones democráticas en México.
La charla
La exposición de este reportero fue anunciada como conferencia magistral, pero en realidad fue una plática de cómo ha evolucionado en 10 años, desde 2012, la protección a periodistas de instancias del Estado mexicano; que en esta evolución 28 entidades del país tienen mecanismos o coordinaciones o institutos o grupos de atención que atienden también a personas defensoras de los derechos humanos y que, presumiblemente, gracias a eso y al mecanismo de protección federal ha disminuido sensiblemente la proporción de servidores públicos que agreden periodistas.
Pero también se resaltó que ya existen más de 22 leyes federales y estatales relativas a periodistas que crearon un desmadre legislativo por sus diversidad de enfoques y objetivos y que no obstante aún sigue siendo grande la cantidad de agravios que se registran en el país y que, peor aún, sigue creciendo la acumulación de asesinatos de periodistas (405 victimados de 2012 a 2023).
Centralmente se insistió en que la protección integral a periodistas tiene que ampliar el enfoque cautelar-policiaco y resaltar más la prevención; que para ello se debe incorporar a la inminente ley general de protección muchas más normas y políticas públicas que faciliten la adquisición de fortalezas a las y los periodistas más vulnerables, sobre todo en los estados y en medios pequeños porque son quienes padecen más agresiones y asesinatos.
En la plática ante los asistentes al museo y después en una reunión informal con reporteros gráficos y otros miembros del Colegio de Periodistas del estado se insistió también en que tomen el ejemplo de colegas de otros estados que, a pesar de no coincidir en muchas cosas o enemistados, han logrado construir y hacer efectivas sus redes de autoprotección para reacción rápida ante riesgos; que eso es lo más urgente y el siguiente paso es lograr acuerdos para elevar su profesionalidad y adquirir más fortalezas profesionales. Mirada de reportero.
