Por Carlos Camacho
Los diputados locales independientes, Citlali Jaramillo y Alejandro Enciso, abordaron en tribuna dos temas sensibles y propusieron reformas legales, para aplicar sanciones contra quienes abusen de menores en las escuelas públicas y privadas, además de cárcel y multa a quienes roben agua potable.
Sabido es que cuando en una escuela se denuncia abuso de algún trabajador de la educación, sea mentor o personal de apoyo, en contra de un menor, lo peor que le ocurre al agresor, es ser puesto a disposición de las autoridades educativas y ser adscrito a otro centro de trabajo y con eso se resuelve el asunto.
Es decir, no hay castigo, no hay sanciones y los agresores van de un centro de trabajo a otro, sin que pierdan su empleo y menos aún sufran sanción legal por los abusos en contra de los alumnos o del propio personal educativo.
Por eso, el legislador Enciso propuso reformas al artículo 90 de la Ley de Educación del Estado de Hidalgo, para que se amplíen las medidas de seguridad en favor de los alumnos menores de 18 años y que quienes laboran en las escuelas “no hayan sido condenados por delitos sexuales y que ninguna persona sentenciada por esa situación labore en centros educativos públicos y privados.
Por otro lado, la también diputada local independiente, propuso cárcel y multas a todas aquellas personas que roben el agua potable, como ha ocurrido en ocasiones anteriores, en las que se ha comprobado el hurto del vital líquido por parte de vecinos o de empresas constructoras de viviendas, que de ese medo eluden el pago por este servicio.
La diputada propuso reformas al artículo 206 del Código Penal del Estado de Hidalgo, para garantizar el derecho humano del acceso al agua potable, para lo que propuso crear la Policía Hídrica, en la que participen tanto la Secretaría de Seguridad Pública como la Policía Industria y Bancaria.
Basó su propuesta en que hay 150 mil tomas clandestinas, de donde se roban dos millones de litros de agua, a pesar d que en la presente administración se han clausurado dos mil 943 tomas ilegales y se han iniciado unas 30 carpetas de investigación por robo de agua, que causan un daño económico al Estado de alrededor de 18 millones de pesos.
Dos temas muy sensibles, sin duda, que merecen la atención del poder legislativo y del ejecutivo, apara que las propuestas de reformas legales tengan el efecto de inhibir este tipo de prácticas, que en ambos casos afectan a la sociedad en su conjunto.
