Columna / Balcón político Semanal
Por Carlos Camacho
Desde hace semanas, el apellido Rojo García de Alba, ha sido tema de comentarios, análisis y vaticinios respecto de su futuro político y hay quienes los ven encabezando un proyecto político en Movimiento Ciudadano, otros aún dentro del Partido Revolucionario Institucional (PRI), otros más sin futuro alguno en la escena de cara a las elecciones del 2027, 2028 y 2030.
Incluso, han orillado a diversos medios a fijar posturas, unas a favor y otras en contra, como las difundidas en redes sociales de Hidalgo Libre, que contrastan diametralmente con la visión de Expediente Ultra.
En las mesas de café, también son tema de discusión, lo cierto es que, hasta ahora, lo más que se ha conocido es una comida a la que acudió más de un centenar de ex presidentes municipales, para plantear opciones futuras y la eventualidad de que sea José Antonio Rojo, quien encabece un proyecto que le dispute la gubernatura al partido oficial, Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
Jorge Rojo apareció hace unas semanas tomando café y dialogando con el ex candidato a presidente municipal de Pachuca y ex dirigente municipal del PRI, Benjamín Rico Moreno, a quien, por cierto, le coquetean diversos partidos como MC, PRD y PAN, para sumarse a sus filas. El sigue siendo priista, hasta ahora.
Hay quienes creen que cualquiera de los dos políticos, tienen la fuerza necesaria para sumar voluntades en todo el estado y conducir un proyecto que le dispute el poder a Morena y también están quienes creen que el apellido mismo los condena, por ser parte de un cacicazgo que dominó por décadas al estado.
Sin duda, las discusiones seguirán y los hermanos Rojo tendrán a sus malquerientes y también a aquellos que en su momento recibieron apoyo fuera en la administración pública o en cargos de elección popular y hoy estarían dispuestos a sumarse a esa aventura en pos de la gubernatura de Hidalgo, el sueño incumplido de ambos hermanos.
El tema de los trabajadores al servicio de la educación pública en Hidalgo y su labor como síndicos o regidores en diversos ayuntamientos de la entidad, ha llegado a la tribuna del Poder Legislativo local, donde se busca hacer ajustes a la Constitución Política del Estado de Hidalgo, para ajustar los artículos que dan condición de privilegio a los docentes, para desempeñar tareas docentes y como representantes populares, lo que ve mal el gobierno del estado, que en voz del titular del poder ejecutivo, Julio Menchaca Salazar, los ha puesto en la disyuntiva de elegir entre el aula o la función pública.
Al margen del resultado en el Congreso local, este asunto generará desencuentros entre actores y partidos políticos, especialmente entre Morena y su aliado el Partido Nueva Alianza Hidalgo, pues con esta determinación se pretende acabar con los “privilegios” para los trabajadores de la educación y eso también generará encono en quienes se verán afectados con esta medida, si es que se aprueba la moción presentada por la bancada de Morena, con el inmediato rechazo del Panalh.
Desde la huasteca llega información del presidente municipal de Huejutla, José Alfredo San Román Duval, quien indicó que 29 funcionarios municipales, con plaza en la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH), acataron desde ya la disposición de la Secretaría de la Contraloría del gobierno estatal, y presentaron su renuncia al cargo que desempeñaban hasta el viernes en el gobierno de Huejutla.
Peca de inocente la presidenta municipal de Tulancingo, Lorena García Cázares, al revelar que su director de Prevención del Delito, Derek Olvera Juárez, fue contratado en su administración, porque fue un pago por haber apoyado en su campaña como candidata a presidenta municipal.
Además, dijo que el joven Olvera Juárez, baleado a plena luz de día, no tiene conocimiento alguno de su encargo, pues lo suyo lo suyo es la comunicación.
Mientras, sus gobernados insisten en que se vaya y deje su encargo, para lo cual se dedican a colectar firmas con ese propósito y así acudir a la sede del Poder Legislativo local, en busca de que los diputados declaren la desaparición de poderes, como también ocurre ya en el municipio de Epazoyucan.
