Columna Balcón Político
Por Carlos Camacho
Los dueños de la firma VIGU Construcomer S.A. de C.V., se volaron la barda, usaron su creatividad y su ingenio para construir un túnel que les permita conectarse al drenaje sanitario en el fraccionamiento San Fernando, sin contar con los permisos necesarios y sin el consentimiento de los colonos.
La idea era que los vecinos no notaran la obra, porque desde hace años han denunciado que no hay drenajes sanitarios y en temporada de lluvias, se generan inundaciones que afectan las viviendas de la colonia.
El túnel se asemeja a los que edifican los grupos delictivos en la frontera de México con los Estados Unidos, para el paso ilegal subterráneo de drogas o los que construyen las bandas dedicadas al robo de hidrocarburo que de esa forma se conectan a los ductos de Petróleos Mexicanos para la sustracción ilegal del combustible, que luego venden de forma clandestina al público.
Luego de la denuncia de los vecinos, el gobierno de Mineral de la Reforma, determinó suspender la obra, por no contar con los permisos correspondientes, y por seguridad a la población se acordonó la zona.
En la inspección del personal de Protección Civil municipal, se encontró una excavación de 1.6 metros de profundidad por 80 centímetros de ancho y un rango de cinco metros hacia el fondo, apuntalada para su aparente estabilidad estructural.
Se encontró, además una instalación hidráulica expuesta en el área intervenida, así como la ruptura de la guarnición ocasionada por las labores realizadas en el sitio.
No hay estudio de mecánica del suelo para la construcción del túnel, que se conectaría al drenaje sanitario.
Los habitantes de San Fernando, que han denunciado irregularidades estructurales en algunas viviendas y el constante problema de una falta de drenaje eficiente que evite las inundaciones en tiempo de lluvias.
Como el problema no es privativo de San Fernando, las autoridades municipales indicaron que se seguirá buscando que las empresas desarrolladoras de centros habitacionales cumplan con los estándares necesarios para comercializar viviendas dignas, con servicios públicos de calidad y que no hereden problemas tanto a sus compradores, como a las autoridades locales.
