Por Miriam Camacho
Como jefa de gobierno, visitó el penal de Santa Martha Acatitla para eventos de la coronación de la reina o situaciones culturales, pero fue hasta que estuvo dentro cuando vio verdaderamente la situación de las reclusas y las injusticias que padecen, “no comprendía la dimensión de la justicia hasta que lo viví”, recordó Rosario Robles Berlanga, ex jefa de gobierno de la CDMX, durante su ponencia “El abuso de la Prisión preventiva y los Derechos Humanos de las Mujeres”, en el marco del Congreso Nacional en Derechos Humanos y Juicios Orales 2024.
Ella fue detenida por presunta delincuencia organizada y desvío de recursos en la llamada “Estafa Siniestra” cuando fungió como titular de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) en el gobierno de Enrique Peña Nieto; durante la ponencia acusó que su proceso se debió más a temas políticos que de justicia y finalmente cuatro años después de permanecer en la cárcel salió absuelta, pero con otra visión, con cientos de historias de sus compañeras que muchas veces por falta de recursos purgan condenas injustas.
Muchas se enamoran de la persona equivocada, otras sólo por el hecho de prestar su celular en un caso de extorsión están ahí acusadas del delito, cuando los verdaderos criminales están fuera, se supone que en México no hay cadena perpetua, pero he visto penas de 60 o 70 años que es lo mismo, “antes las penas eran corporales, con las cárceles las penas son para el alma, para destruir el espíritu”, lamento ante los abogados y futuros litigantes que asistieron al congreso.
“Yo no quería enterarme, no quería saber nada pues yo ya tenía mi propia preocupación, pero con el tiempo fui escuchando historias que son verdaderamente lamentables”, en alguna ocasión una chica se le acercó para comentarle que ella había nacido en una familia de secuestradores y desafortunadamente la inercia la llevó; “infancia es futuro” destacó para hacer énfasis en que muchas veces la violencia familiar, el rechazo social, la marginación, entre otros, los hace tomar el mal camino.
Narró otro caso que le impactó y fue el de una mujer apresada estando a término del embarazo, dio a luz en el penal y cuando despertó le habían quitado la matriz, poco después su hija fue enviada con el papá quien durante ocho años le “envenenó” la cabeza contra la madre; la absolvieron (es decir, era inocente) y cuando intentó retomar su vida, su hija la odiaba, no tenía a donde ir y ya no podía tener más hijos.
Hizo visible la necesidad de apoyar a las mujeres en reclusión y a sus familias en cuanto a lo psicológico pues es lo que más impacto tiene en la vida de todo el entorno y lo que menos ven, pues “no conozco a una sola mujer que no se haya querido suicidar ahí dentro, pero sólo hay un psicólogo para las más de mil 400 presas”, también sabe que muchos casos están con el defensor de oficio (que es gratuito y lo provee el Estado) pero tienen mucho trabajo y a veces tardan hasta un año en que las visiten para ver su caso, por eso hay muchas inocentes que no salen por retrasos burocráticos.
A lo que recurren cientos de ellas es al amparo, “ahí adentro se venden hasta por machotes, el mismo para todas sin un desarrollo específico” pues es la única manera que tienen para intentar defenderse, también he visto mujeres mayores a quienes les dan la libertad y ya no quieren salir, pues sus familiares ya no están, no tienen a dónde llegar y salen con el estigma de haber estado en la cárcel, les roban el espíritu.
Dijo que es falso que sea un centro de reinserción social, no las preparan para la vida fuera de prisión y solo están expuestas al hacinamiento y violación de sus derechos humanos, le parece increíble también que haya gente por deber mínimas cantidades de dinero (acusadas por empresa como Coopel o Walmart) pues estando presas no pueden resarcir el daño, esto no conviene ni a las víctimas; entonces, la solución no es la cárcel.
En cuanto a la prisión preventiva, dijo que hay muchas medidas cautelares previas a la prisión preventiva que debieran ser tomadas en cuenta para no llenar cárceles y darles segundas oportunidades a las infractoras, pues puede haber mil maneras de resarcir el daño antes de tener que llegar a la cárcel.
Lamentó que la cárcel siga siendo un tema político, y recordó el reciente caso del ex procurador y ex gobernador de Hidalgo, Jesús Murillo Karam quien está en la cárcel y enfermo por su responsabilidad en el caso Ayotzinapa, “él no tuvo que ver con el asesinato de los jóvenes y debería en todo caso estar en prisión domiciliaria por su edad y su salud”, pero por temas políticos no lo han permitido, “la justicia debiera ser ciega como la representan y aplicar igual para todos”, reclamó.
Otra situación que le parece injusta es el caso de la Escuela Rebsamen, donde murieron 26 personas por la colisión del inmueble luego del temblor del 19 de septiembre, su vecina de celda era la dueña de las escuelas, quien estaba presa por ese accidente, pero dijo que les tocó ver el accidente de la línea 12, donde hubo el mismo número de muertes por un accidente, pero en ese caso no hubo ningún detenido, hay justicia selectiva.
Reflexiona al final que debe haber una perspectiva más humana en los juicios, no blanco y negro sino ver los matices y que los jueces vayan a darse una vuelta a la cárcel para que vean realmente la violación de derechos humanos que viven y se haga algo por corregir, señaló.
Robles Berlanga participó en el Congreso Nacional en Derechos Humanos y Juicios Orales 2024, en el que también estuvieron especialistas como Michele Franco González, Eduardo Alberto Osorio, Diana Cristal González Obregón, Antonio Ordoñez Serna, Lesly Fernanda Valencia González, Bertha Patricia Orozco Hernández, Saúl Ferman Guerrero, María Elena Molina de la Puente, Ana María Ríos Farjart y Cuauhtémoc Álvarez de la Cruz.
