Por Arturo González Alanís
Hay enojo social en el barrio de San Antonio, municipio de Ixmiquilpan, como consecuencia de supuestos manejos turbios de los recursos económicos y materiales del pozo de agua comunitario; la gravedad del asunto alentó la disolución del Comité de Agua Potable, lo mismo que la presentación de demandas penales contra sus integrantes.
Las quejas llegaron a la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJEH), en voz del delegado municipal, José Alan Moreno Uribe, junto con miembros del Comité de Vigilancia del barrio, acusando que el extinto comité incurrió en uso indebido de facultades, administración fraudulenta, despojo y lo que resulte.
Según versiones de vecinos, desde el año 2021 exigían cuentas al Comité de Agua Potable, por escrito y de manera verbal, pero señalaron que siempre hicieron caso omiso, sin saber los motivos para ocultar la información sobre los ingresos y egresos derivados de la distribución del servicio.
Otros aseguraron que la evasión de rendir cuentas ya tiene casi 16 años, desde el primer comité de agua, “que ha sido controlado por unos cuantos”, prácticamente desde que la mayoría vecinal cooperó económicamente para poder construir la infraestructura necesaria y contar con el servicio básico en referencia.
Apenas comenzó enero del año en vigor, con el hartazgo a flor de piel, los vecinos y autoridades delegacionales optaron por generar las condiciones de transparencia, sobre la administración de su pozo y sistema de distribución del agua, por lo cual convocaron a una asamblea general para definir líneas de acción.
En primer término, resolvieron no tener más un comité de agua este año y, por tanto, desconocieron a todos los integrantes, hasta entonces presididos por Fidencio Beltrán Ramos, a quien señalaron de oponerse rotundamente a entregar cuentas sobre los haberes y deberes del pozo.
De ahí, a finales de enero, emitieron una advertencia a los vecinos, “para que no los sorprendan”, con supuestos cobros por el servicio, en el entendido de que ya no existe el comité de agua, además de que Fidel Beltrán ya había sido destituido de la presidencia de esa comisión y, por tanto, que ya no le entregaran ni un solo peso.
Para el día 31 de enero, un grupo de vecinos e integrantes de la delegación recuperaron el pozo, “en una acción para regresarle al pueblo lo robado”; apenas ingresaron al inmueble, constataron el abandono de las oficinas y del mal estado de la infraestructura, compuesta por bomba, líneas de distribución y un tanque elevado.
Debido a la situación, con base en las facultades, determinó la delegación retomar el control del pozo y establecer una mejor administración, comenzando con el cobro directo a los vecinos, por el suministro del servicio, advirtiendo que nadie en particular debe exigir ni recibir pago alguno, porque, de lo contrario, “será denunciado de inmediato”.
Igual decidieron establecer guardias alrededor del pozo, evitando probables sabotajes o manipulación de las válvulas, para no permitir que los vecinos se queden sin agua; a la par, enviarán pruebas a un laboratorio, para constatar la calidad del vital líquido, pues dijeron tener antecedentes de que no estaba clorado.
Extraoficialmente se supo que los integrantes del desaparecido comité de agua presentaron una denuncia, el 3 de febrero, en su afán de recuperar el control del pozo, acusando abuso de autoridad por parte de la delegación municipal, razón por la cual comenzaba a tensarse el ambiente social al interior del barrio ixmiquilpense de San Antonio.
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