Por Ignacio García
Entre enero y agosto de este año, en Hidalgo se registraron 543 casos de abuso sexual a mujeres, por lo cual se ubicó en el octavo lugar a nivel nacional en cuanto al total de ilícitos de este tipo, aunque por debajo de la media nacional del país, de acuerdo con el reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
El reporte federal reveló que por llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de abuso sexual por cada cien mil habitantes Hidalgo se ubicó por debajo del promedio nacional que fue de 4.1 por ciento al representar 1.4 por ciento, entre las entidades con el menor nivel de denuncias por este tipo de ilícitos.
Del total de los ilícitos relacionados con las agresiones sexuales a las mujeres, 57 se presentaron en enero, 61 en febrero, 81 en marzo, 57 en abril, 62 en mayo, 83 en junio, 69 en julio y 73 en agosto, casos que se detectaron y se denunciaron ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH).
De acuerdo con el SESNSP, el abuso sexual es uno de los delitos mayor impacto entre los que atentan contra la libertad y la seguridad sexual, aunque no se ha tratado de un ilícito que haya presentado un crecimiento sostenido en cuanto a su incidencia en los últimos años.
Al respecto, el presidente de Servicios de Inclusión Integral (Seiinac), Rafael Castelán, señaló que los delitos contra la sexualidad de las mujeres son los que se mantienen en la mayor impunidad, pues existen escasas condiciones para que estos delitos se esclarezcan y garanticen el acceso real a la justicia para las víctimas.
El activista sostuvo que las mujeres que han padecido el abuso sexual en la mayoría de los casos deciden no denunciar por distintos factores como temor a represalias, pues quienes cometen estas agresiones en ocasiones se encuentran en posiciones de poder o dominio sobre las víctimas en el sector laboral, escolar o de cualquier otra índole.
El defensor de los derechos humanos manifestó que también algunas mujeres que han sido víctimas de estos delitos normalizan las conductas violentas que ejercen sus agresores para minimizarlas, lo que a su vez impide que interpongan la denuncia penal ante la PGJEH, por lo cual se requiere brindar acompañamiento a las mujeres que se encuentran en estas condiciones.
Asimismo, comentó se necesitan mecanismos específicos para favorecer la atención de las mujeres de forma integral para que puedan recibir el apoyo psicológico necesario y se atrevan tanto a denunciar, como a darle seguimiento a sus casos.
No obstante, para Alejandra Muñoz Soto, investigadora de Estudios de Género de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), refirió que no se han implementado las acciones específicas por parte de los Ministerios Públicos para acompañar a las mujeres en los procesos de denuncias.
La académica sostuvo que se requiere capacitación y sensibilización para el personal de los Ministerios Públicos y puedan mejorar la capacidad de atención de los casos de abuso sexual que se presentan en el estado, pues existe estigmatización para las mujeres que han padecido estas agresiones, misma que se incrementa cuando se trata de víctimas que radican en los municipios rurales, donde se suele menospreciar la intención de denuncia por condiciones culturales y sociales.
Aseveró que se necesitan mecanismos para incentivar el apoyo de las víctimas desde las autoridades y para ello consideró que no se han implementado las políticas públicas orientadas a mejorar estas condiciones para las mujeres que han sido víctimas de estos delitos.
Asimismo, consideró que se necesita incentivar la cultura de la denuncia para que los agresores sexuales sean detenidos, pues una de las principales causas que permiten estas prácticas son las condiciones de impunidad que imperan en el estado en las que no existirán repercusiones por violentar a las mujeres.
Mariana, una joven de 27 años de edad que trabajó en un despacho jurídico particular, fue víctima de abuso sexual por parte de su entonces jefe, reconoció que enfrentó dificultades para interponer la denuncia, pues temía que el caso no prosperara y que existieran incluso repercusiones legales en su contra, ya que era un abogado connotado y ella no tenía conocimiento legal sobre el asunto.
“Tenía mucho miedo de denunciar, porque no sabía cómo hacerle, a mí me dijo mi agresor que si yo denunciaba entonces me iba a ir peor”, relató la joven, quien fue abusada en varias ocasiones por su entonces empleador, quien aprovechaba sus conocimientos para intimidarla.
“Fui con una psicóloga que me ayudó y después fui con varias organizaciones que me apoyaron mucho y gracias a ellas fui a denunciar, y afortunadamente se giró la orden de aprehensión, y aunque aún no ha sido sentenciado, se encuentra preso por esta situación”, narró la víctima, quien lamentó no haberse percatado de que las agresiones se habían normalizado.
“Ojalá más mujeres se atrevan a denunciar, porque estos monstruos no pueden quedar libres y aunque no hay muchas ayudas, entre nosotras lo podemos hacer”, comentó la joven, quien ahora realiza actividades de acompañamiento para denunciar cualquier acto similar al que padeció.
Como el caso que de Mariana, en Hidalgo otras 547 mujeres fueron víctimas de este delito en los primeros ocho meses de este año, un caso que como en la mayoría de los ilícitos del país permanece en la impunidad.
