Por Ignacio García
Familiares y amigos de víctimas de feminicidios denunciaron que las penas que recibieron los acusados de esos crímenes fueron menores a las establecidas en el Código Penal de la entidad, por lo cual aseveraron que no se ha garantizado el acceso a la justicia de los familiares de las víctimas.
Aimé Castro Hernández, abogada penalista defensora de víctimas de feminicidios en la entidad, refirió que han identificado que los jueces han dictado sentencias menos severas a las establecidas en el Código Penal del estado, pues han sido inferiores a los 50 años de prisión.
La jurista explicó que en los últimos casos que han revisado los juzgadores penales emitieron sentencias menores a las solicitadas por el Ministerio Público, por lo cual enfatizó en la importancia de modificar el Código Penal del estado para garantizar que los agravantes aumenten los elementos punitivos contra los feminicidas.
La defensora legal expuso que los juzgadores no han sido empáticos con los familiares de las víctimas, pues al establecer menos sanciones a las requeridas se deja un halo de injusticia que no permite mejores condiciones para que los casos de esta índole sean castigados de forma más severa.
De la misma manera, expresó que la mayoría de los casos son sólidos y por ello recordó que los feminicidas de Lorena Berenice sólo fueron sentenciados a 46 años de prisión, pese a que la fiscalía también los acusó de secuestro, ilícito que no fue considerado en la sentencia.
Por su parte, Griselda Blanco Contreras, fundadora de la colectiva Voces por la Justicia Hidalguense, refirió que los jueces no han manejado los casos de feminicidios con una perspectiva de género, lo que ha generado diferentes cuestionamientos y críticas sobre el quehacer de los jueces en el Poder Judicial.
La activista lamentó que en los recientes casos de feminicidios que se han sentenciado, las penas sean menores a las establecidas, aunado a que recordó que desde hace varios años han pugnado por aumentar las sanciones punitivas por la comisión de este delito, debido a que se trata de un delito que no ha disminuido y que incluso aumentó con la pandemia de Covid-19.
Asimismo, expresó que es necesario que la sociedad civil alce la voz para evitar que los casos de feminicidios los criminales sean sentenciados con penas menores, aunado a que también se anulan las penas por otros delitos como secuestros o violaciones que están asociados a estos delitos.
También comentó que existen irregularidades en las integraciones de las carpetas de investigación por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), lo que debilita la judicialización de las mismas e inhibe que se presenten penas más severas por estos delitos.
Indicó que se trata de uno de los delitos que mayor indignación social genera en el país, sin embargo, la mayoría de los casos siguen en la impunidad, por lo cual no se han garantizado condiciones mínimas para allegarse a la justicia y atender cualquier irregularidad que se presente.
En tanto, la diputada local del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Erika Rodríguez Hernández, expresó que se trata de un tema que buscarán reformar en el Congreso local para que se aumenten las penas por el delito de feminicidio en la entidad.
La legisladora local representante del distrito de Actopan aseveró que las acciones judiciales han sido insuficientes para garantizar la impartición de justicia en los casos tanto para los familiares y amigos de las víctimas como para la sociedad en general, por lo que sostuvo que se trata de un interés prioritario para las diputadas locales de todas las fuerzas políticas.
Rodríguez Hernández manifestó que han mantenido reuniones con las legisladoras y representantes de diferentes fuerzas políticas, así como con integrantes de diferentes colectivas y organizaciones civiles para garantizar la adecuada impartición de justicia para las mujeres.
La ex dirigente estatal del PRI aseveró que es un tema en el que coinciden todas las diputadas y confió en que contarán con el respaldo de la mayoría de los legisladores locales y esperan que este tema se aborde en el inicio del siguiente periodo ordinario plenario en el Congreso local
En la actualidad el Código Penal de la entidad establece sanciones que varían de 40 a 50 años de prisión por el delito de feminicidio en la entidad, tras la reforma que se aprobó en 2012, aunque en los últimos casos la mayoría de los feminicidas permanecen en la impunidad y los que fueron sentenciados recibieron penas inferiores a las establecidas por el marco normativo.
El pasado 15 de enero la PGJEH informó que un juez de control penal de Pachuca sentenció a 46 años de prisión a los dos feminicidas de la joven Lorena Berenice desaparecida en Pachuca y hallada sin vida en Tizayuca, pese a que los familiares de la víctima acusaron que ocurrieron anomalías que impidieron el acceso real a la justicia.
De la misma manera, el pasado 21 de febrero un juez de control penal de Pachuca sentenció por 31 años de prisión a una persona por el feminicidio de una mujer en el municipio de Atitalaquia el 20 de agosto de 2020, lo cual también ha provocado diferentes quejas y denuncias por parte de los familiares de las víctimas, situaciones que han derivado distintas quejas por parte de la comunidad feminista.