Por Arturo González Alanís
Entre menos tiempo queda a las administraciones municipales en turno, siete meses para ser precisos, más aumentan los índices de inseguridad, incluidos los delitos de alto impacto, en algunos municipios del Valle del Mezquital, siendo los casos de Ixmiquilpan y Cardonal.
En dichas municipalidades, aparte de seguidos robos de automóviles, asaltos a transeúntes, hurtos en establecimientos comerciales y viviendas, la creciente ola delictiva ya incluyó el hallazgo de fosas clandestinas, secuestros e intentos de extorsión en su modalidad de cobro por derecho de piso a comerciantes.
Lo indignante para la población, y a su vez curioso, es que los presidentes municipales en turno, Araceli Beltrán Contreras, de Ixmiquilpan, y Mariano Cabañas Guzmán, de Cardonal, no han emitido las posturas correspondientes, en torno a hechos delincuenciales registrados en recientes días.
Si bien se trató de asuntos que sólo competen a instancias investigadoras y autoridades impartidoras de justicia, por lo menos se esperaba de Araceli Beltrán y Mariano Cabañas algún mensaje para dar tranquilidad a sus representados, así como el anuncio de una estrategia más para tratar de inhibir cualquier acto delictivo.
Pero por lo contrario prosiguió un raro silencio, que rayó en apatía, por parte de dichas autoridades locales, que ya ni siguiera recurrieron al trillado discurso de que reforzarían la vigilancia en sus respectivos municipios, y menos prometieron pedir apoyo por enésima ocasión a las corporaciones de seguridad estatal y federal.
En Cardonal, concluyó enero con el secuestro exprés del delegado de la comunidad de Pozuelos, Tomás Pérez Hernández, liberado y recatado con vida en el vecino municipio de Ixmiquilpan, luego de que sus captores exigieron un pago de 20 mil pesos; resultaron dos personas detenidas, avecindadas en tierras ixmiquilpenses.
A ese delito –cabe recordar-, precedió el hallazgo de una fosa clandestina, habilitada en un tiro de mina, en las cercanías de la comunidad de El Arenalito, ahí encontraron los cuerpos de tres personas, un hombre y dos mujeres, una de estas identificada como una joven ixmiquilpense que días antes fue reportada como desaparecida.
En Ixmiquilpan, febrero comenzó con la exigencia de cobro por derecho de piso a los propietarios de un local con venta de carnitas, donde supuestos integrantes de una célula delincuencial dejaron amenazador mensaje, plasmado en una cartulina, con la advertencia de que habrá represalias en caso de negativa de pago.
Mensaje similar, también en cartulina del mismo color y con tipografía semejante, ya había sido dejado a mediados de enero, dentro de negocio donde ofrecen alitas de pollo, en el barrio ixmiquilpense de San Miguel; sin embargo, ocurrió un atentado en ese establecimiento comercial, donde una persona desconocida prendió fuego, logrando apagarlo algunos empleados.
Los intentos de extorsión mediante el cobro por derecho de piso se han ido extendiendo en establecimientos comerciales de la cabecera municipal y comunidades aledañas, según así lo ha hecho saber importante número de habitantes, en redes sociales; esto, aparte de los casos referidos y otros que no han salido a la luz pública por temor de las víctimas.
La administración municipal de Araceli Beltrán Contreras se ha conformado con la implementación de un programa de presunto acercamiento con el gremio de comerciantes establecidos, donde los que policías locales tienen como tarea proporcionar números de emergencia “y conocer sus inquietudes”.
No obstante, la alcaldesa neomorenista ha guardado silencio y no ha querido reconocer públicamente que se está extendiendo considerablemente el ilegal cobro de derecho de piso y menos ha dado a conocer qué hará para frenar esa modalidad de extorsión, lo mismo que el resto de actos delictivos.
