Por Arturo González Alanís
Surgieron inconformidades al interior de la comunidad indígena de El Palmar -perteneciente al municipio de Santiago de Anaya-, donde un grupo de vecinos e integrantes del Comité de Agua acusaron que el popular desarrollo turístico Grutas de Xoxafi sustrae el vital líquido de manera ilegal, afectando a los 600 habitantes de ese poblado.
El diferendo ya lleva más de año y medio pero recrudeció a principios de la semana pasada, debido a la presunta negativa de dicha empresa turística, de pagar por dicho servicio básico a la comunidad, igual que por consecuencia de la presunta omisión del ayuntamiento, que hasta entonces se ha abstenido de intervenir y ofrecer alternativas de solución.
Pero no es una simple omisión de las autoridades locales, pues los afectados acusaron que el propio alcalde, Edigar Monter Ángeles, es quien ha venido solapando e incitando la supuesta explotación ilegal de pozos en la comarca, así como la regidora Karen Bautista, además del delegado de la comunidad, Elías Mejía Sánchez, a quien ya quieren destituir.
Detallaron los quejosos que trabajadores de las Grutas de Xoxafi sustraen el vital líquido del ducto principal de alta presión, de cuatro pulgadas, mediante toma clandestina adaptada con manguera de una pulgada y media, provocando afectaciones a El Palmar, como escasez del servicio para las familias de la zona, además de consumo excesivo de luz.
Sostuvieron que aquellas “irregularidades y abusos” fueron notificadas, desde septiembre del 2021, ante funcionarios del área jurídica de presidencia municipal pero hasta entonces no han intervenido, presumiblemente por indicaciones de Edigar Monter, de quien atribuyeron “rara complicidad” con la empresa Grutas de Xoxafi.
Así que entre los “abusos” de los sustractores del agua y la indiferencia del alcalde, la comunidad de El Palmar resolvió intervenir la toma de agua y colocarle candados, con el aval del Comité de Agua, en decisión tomada durante Asamblea General el pueblo, celebrada a un costado del sistema de distribución del servicio básico.
Inclusive, señalaron que, en su insistencia de seguir “robando” el agua, representantes del desarrollo turístico involucrado promovieron el juicio de amparo número 1678/2022-6, ante el juez tercero de Distrito de Hidalgo, quien emitió resolución negativa, el 23 de diciembre de 2022 pero las Grutas de Xoxafi siguieron sustrayendo mediante toma clandestina.
Entre tanto, los integrantes del Comité de Agua de El Palmar aseguraron que han tenido la iniciativa de resolver el diferendo mediante la vía pacífica, razón por la cual han convocado a representantes del desarrollo turístico, para entablar mesas de diálogo pero han sido ignorados, lo que ha alentado una mayor tensión en la comunidad.
Por esa razón, realizaron los inconformes una manifestación de protesta, el 26 de marzo, en el desarrollo turístico, para exigir freno a los abusos y el pago correspondiente a dos años de extracción ilegal del agua pero personal de las Grutas de Xoxafi los corrió del lugar, en tono amenazante, asegurando que tenían permiso de Edgar Monter para disponer del servicio; en el amedrentamiento también participaron policías municipales.
Ante dicho conflicto, familias afectadas y Comité de Agua de la comunidad urgieron intervención de autoridades del Ejecutivo de Hidalgo, específicamente de la Secretaría de Gobierno, lo mismo para evitar más abusos que frenar un probable conflicto de mayores dimensiones, que podría reventar en plenas vacaciones de Semana Santa y por tanto en la comarca se vería afectado el flujo de turistas y lo mismo que la economía de lugareños.
Inclusive, señalaron que por presuntas órdenes del alcalde hay constante presencia de policías municipales en la toma clandestina de agua, evidentemente para brindar “protección” a los trabajadores de las Grutas de Xoxafi que operan la sustracción, ante la impotencia de lugareños, que son quienes sufren la escasez provocada por ese tipo de prácticas ilegales.
No obstante la repercusión social del asunto, hasta el cierre de la presente edición (jueves 30), no había emitido alguna postura el presidente municipal de Santiago de Anaya, a pesar de que los afectados lo responsabilizaron de fomentar la explotación ilegal de pozos de agua y lucrar con el servicio, afectando a quien más lo necesita, así como de dividir a pobladores y provocar un latente enfrentamiento.