Balcón Político
Por Carlos Camacho
Las noticias vertidas por los funcionarios del gobierno de Julio Menchaca Salazar, respecto de inversiones, avances en la lucha contra la corrupción, apoyos institucionales a los grupos vulnerables, son opacadas con la recurrencia de hechos violentos en diversos puntos de la entidad, que generan inquietud en el imaginario colectivo, por el creciente número de víctimas y la saña con que se les ejecuta.
Apenas el domingo pasado, nos enteramos de la ejecución de la esposa del ex alcalde de Zapotlán de Juárez, Hugo Salvador Alvarez, quien curiosamente entró al relevo cuando el presidente municipal propietario, Manuel Aguilar, fue asesinado afuera de su domicilio en junio del 2021.
Milagrosamente él y su hijo de dos años, salvaron la vida, suerte que no corrió su esposa, quien fue victimada por un grupo de sujetos que los persiguieron por un camino de terracería en la comunidad de Acayuca.
En Tula de Allende, se reportó el fin de semana la agresión a balazos de dos personas; una de ellas murió de inmediato, otra fue rescatada aún con vida pero el vehículo en que lo trasladaban a un nosocomio, fue perseguido por los ejecutores, quienes pretendían rematar al herido, que luego murió en el hospital.
No es percepción ciudadana, los hechos de violencia son reales y en lo que va del mes sumamos más de 15 fallecidos en circunstancias violentas, algunas relacionadas por las propias autoridades con la disputa entre grupos de delincuentes que se dedican al robo de combustible para su venta ilegal.
Precisamente, en su más reciente reunión de gabinete de seguridad, el gobernador informó que en la lucha contra el huachicol, en dos años, se han recuperado 3.6 millones de litros de combustible.
Agregó que se reforzarán los operativos conjuntos de los cuerpos de seguridad estatal con la Guardia Nacional (GN) y el Ejército Mexicano, para “salvaguardar la paz y la seguridad del pueblo hidalguense”.
Con los hechos de violencia recientes se opacan anuncios como la atracción de inversiones por más de 80 mil millones de pesos, como dijo en su comparecencia el secretario de Desarrollo Económico, Carlos Henkel; o las 71 denuncias en contra de participantes en la “Estafa Siniestra”, para recuperar más de dos mil millones de pesos “tomados” del erario público de manera ilegal, que informó el Contralor, Alvaro Bardales.