Balcón Político
Por Carlos Camacho
Tal parece ser la lógica aplicada por la presidenta municipal de Tulancingo, Lorena García Cázares, y sus más cercanos colaboradores, que incrustaron a su parentela en la nómina para asegurarse un ingreso mensual por los siguientes tres años.
Eso se llama nepotismo y tiene sanciones, aunque hasta ahora no se sabe si la justicia llegará a las oficinas municipales y la alcaldesa tenga que reajustar su estructura burocrática, quitando a sus parientes y los de sus más cercanos colaboradores.
Gracias a una revelación del periódico Ruta de Tulancingo, conocimos de los alcances de la morenista, Lorena García que puso en la nómina a su esposo Fernando Vital, a su hermana Hilda García y a su sobrina Jessica Garrido Cázares.
Pero su ejemplo lo replicaron otros funcionarios como el secretario municipal Luis Edmundo Aguilar y el regidor de Morena, Roberto Ivey, quien también encontró acomodo para sus familiares en la nómina del municipio.
Seguramente no es el único caso y habrá otros municipios donde ocurre algo semejante, pues los alcaldes consideran que por ser la máxima autoridad en su municipio se sienten dueños del presupuesto y los cargos públicos donde ubican a sus familiares para que también gocen de las bondades del presupuesto.
Lo malo es que representan a un partido que llegó con la idea de ser diferente a los históricos partidos políticos cuyos representantes cometieron abusos que llevaron al descrédito y a su casi desaparición, porque la ciudadanía simplemente dejó de creerles y de apoyarlos.
Morena se presenta como un partido que combate la corrupción y busca la transparencia en el manejo de los recursos públicos, que distribuye pensando siempre en el beneficio de los más necesitados, de ahí su conseja de que “por el bien de todos, primero los pobres#”.
Sólo que doña Lorena García, modificó sustancialmente la consiga y decidió que “por el bien de todos, primero la familia”.
Ah, por si fuera poco, las regidoras Elena Lazcano Delgadillo, Lorenia Lizbeth Lira Amador, Benita Manilla Martínez y Dora Luz Guzmán, demandaron que el Órgano de Control Interno investigue un posible sobregiro de dos millones 403 mil 885.42 pesos, de la partida para Gastos de Orden Social y Cultural.
