Carla Astrid Humphrey Jordán, integrante del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), consideró que la aplicación del Plan B Electoral, afectará la organización de los procesos electorales en el país, en tanto que la presidente del Instituto Estatal Electoral en Hidalgo (IEEH), María Magdalena González Escalona, dijo que una de las principales afectaciones sería las cuestiones técnico-operativas de los procesos electorales, específicamente con respecto a la asistencia electoral.
La reducción de personal de asistencia, perjudicará la operatividad durante los procesos electorales, como la entrega y recuperación de los paquetes electorales después de una jornada comicial.
La consejera del INE, señaló que las reformas electorales promovidas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, no reducen las actividades del organismo electoral, pero sí al personal, por lo que deberá realizarse un análisis para saber dónde será necesario redireccionar personal y poder cumplir con sus obligaciones.
Prevé, además, un panorama financiero complicado, pues tendrán que despedir a personal por causa de la reestructuración del organismo y, en consecuencia, la liquidación será mayor.
Sin embargo, el INE prepara los medios de impugnación que promoverán ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pues se están reduciendo aspectos como la paridad en los Congresos locales, donde más del 50 % son mujeres y la reforma plantea un 50 % en esos espacios.
Más adelante, sostuvo que el daño más importante es a nivel distrital, pues es ahí donde se reduce el personal y es ahí donde se tiene un trato directo con la ciudadanía, específicamente para buscar capacitadores, recibir quejas y notificar, entre otras actividades.
Por su parte, la presidenta del IEEH, dijo que ya se analizan posibles impactos de la reforma, ahora con la publicación ya se sabe el contenido de la reforma y se tendrán que hacer adecuaciones.
Aunque reconoció que ningún Organismo Público Local Electoral ha presentado ninguna impugnación al Plan B, situación que se analizará de manera conjunta con otros organismos y de manera particular, para decidir el camino que se tomará en busca de atenuar las afectaciones en la organización y conducción de los procesos electorales del próximo año.