Por David Rodríguez
Los tiempos les ganaron a los partidos políticos y le quisieron ver la cara al árbitro electoral. Aquellas organizaciones que se encargan de promover la participación ciudadana para contribuir a la vida democrática del estado, se quisieron pasar de listos e intentaron registrar como candidatos a personas que no son ni discapacitadas, indígenas y migrantes.
Muchos de ellos lograron burlar parcialmente las normas electorales y se autoadscribieron como miembros de la comunidad LGBTQ+ y otras tantas, comprobaron que sí tienen una discapacidad, son miembros de la comunidad indígenas y están a un paso de conseguir las candidaturas a diputados locales por algunas de las dos vías posibles.
Si de algo está cansada la gente es de las mentiras no únicamente de los partidos políticos, sino de los mismos políticos que buscan afanosamente llegar al poder para servirse de los recursos públicos y no para servir al pueblo.
Muestra de esa hambre de poder fue evidenciada por el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones que se reservó la aprobación de las candidaturas de 10 de los 11 partidos políticos con registro y/o acreditación en la entidad, porque no pudieron cumplir con el registro de personas que pertenecen a los grupos de atención priotaria.
La única fuerza política que por el momento tiene garantizada la participación en la elección de diputados locales, es Movimiento Ciudadano, sin embargo, el próximo viernes seguramente más partidos políticos empezarán a presumir que ya tienen abanderados y que buscarán permanecer en el poder o arrebatarle posiciones al grupo que controla las decisiones en el Congreso del Estado.
Los partidos deben entender que la ley no se negocia, que la ley fue hecha para cumplirse y que, afortunadamente, aún existen instituciones que están encargadas de hacer valer, cumplir y respetar las normas que establecen las fases, etapas y procesos para el registro de candidatos.
El Instituto Tlaxcalteca de Elecciones dio muestra de esa independencia y le negó al Partido Revolucionario Institucional el registro de sus candidatos a diputados locales por el principio de representación proporcional, cuatro a diputados locales por el principio de mayoría relativa y dos suplentes más porque simple y sencillamente no cumplieron con las acciones afirmativas, con el principio constitucional de paridad de género y con los tiempos legales establecidos en la norma para el registro de los aspirantes.
A las otras nueve fuerzas políticas les dio un plazo de 48 horas después de su notificación, para subsanar las inconsistencias encontradas en los documentos presentados para registrar candidatos, pues no se acreditó fehacientemente que las personas formen parte de algunos de los sectores de atención prioritaria, principalmente el de discapacitados.
Las inconsistencias que no son otra cosa más que un intento de engaño hacia el árbitro electoral deberían ser investigados y sancionados, porque no es un asunto menor que los partidos políticos quieran burlar la ley para registrar candidatos a diputados locales sin cumplir a cabalidad con los requisitos que establece la norma electoral.
Sin embargo, el tema no debe quedar en sancionar únicamente a quien expidió el documento de la institución pública para acreditar la discapacidad, sino a quienes pidieron el favor o compraron el documento y lo presentaron ante el árbitro electoral para cumplir con el capricho de ser candidatos.
En esa lista se encuentran algunos diputados con licencia que buscan la reelección como Reyna Flor Báez Lozano y Lenin Calva Pérez que no acreditaron la discapacidad permanente para ser considerados como candidatos representantes de ese sector.
Otro de los legisladores con licencia que mintió fue el morenista Rubén Terán Águila, que intentó hacerse pasar como aspirante migrante sin acreditar el vínculo con ese sector para obtener dicha candidatura, por lo tanto, el partido tendrá que modificar su lista de aspirantes por el principio de representación proporcional.
Una vez que el ITE se pronuncie sobre si otorga o no las nominaciones, los órganos jurisdiccionales se llenarán de impugnaciones por si se entregan o no las candidaturas a los partidos políticos.
