Por Carlos Camacho
Para animar más la contienda electoral, el auditor superior del poder ejecutivo estatal, Jorge Valverde Islas, presentó observaciones a la cuenta pública del ejercicio 2022, último año del gobierno de Omar Fayad Meneses, por un monto global de mil 131 millones 757 mil 970 pesos, especialmente en las secretarías de Seguridad Pública, Contraloría, Medio Ambiente y la Oficialía Mayor.
Justo lo que no hizo en su oportunidad el ahora candidato a senador por el estado de Querétaro, Santiago Nieto Castillo, lo hizo el auditor del estado, al presentar el tercer informe de la cuenta pública 2022, que incluye también al gobernador Julio Menchaca Salazar, con observaciones por un monto de 10 millones 727 mil 285 pesos.
Inevitablemente, hoy, cualquier acción que involucre a personajes de la vida pública, toma tintes político-electorales y los propios afectados o beneficiarios, los circunscriben en la guerra política, de cara a las elecciones del próximo 2 de junio.
El propio gobernador Julio Menchaca consideró que el caso de una empresa china, acusada de explotar pozos de manera ilegal y tener trabajadores indocumentados en su plantilla laboral, se inscribió en la disputa política que vive el país y el estado, sobre todo cuando su partido, Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) pretende arrasar en los comicios del 2 de junio.
El entonces encargado de despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), y hoy candidato a senador de Morena por el estado de Querétaro, Santiago Nieto Castillo, fue prudente y evitó en todo momento vincular en el caso de la “Estafa Siniestra” al gobernador, aunque varios de sus principales colaboradores fueron vinculados con la trama, particularmente su Oficial Mayor (hoy preso) y su contralor (hoy prófugo de la justicia), entonces decía que los indicios e investigaciones no llegaban hasta el ahora embajador de México en Noruega.
Pero hoy, a unas semanas de comenzar oficialmente las campañas políticas, el titular de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (AUSEH) exhibe faltantes en las cuentas del poder ejecutivo estatal y diversos organismos desconcentrados y autónomos, además de otros organismos municipales, que suman más de mil millones de pesos.
Las investigaciones siguen y hasta ahora no se han judicializado y el propio auditor ha dicho que se espera integrar las carpetas correspondientes para pasar del nivel de la denuncia mediática a la judicial, para así quitarle los tintes políticos que desde ahora se construyen alrededor del caso, particularmente porque el golpe no sólo impactará en la figura del ex gobernador, sino de sus ex colaboradores, varios de ellos con intención de buscar cargos políticos en diversos partidos políticos, excepto en el que les dio origen y vida, el Revolucionario Institucional (PRI).
Dice el auditor del estado, que, por ejemplo, halló inconsistencias financieras por 390 millones 358 mil 345 pesos en la Secretaría de Seguridad Pública; igual en la Oficialía Mayor, por el orden de los 120 millones 489 mil 939 pesos; en la Semarnath, observó irregularidades por 57 millones 571 mil 044; en la Unidad de Planeación y Prospectiva, por 55 millones 608 mil 444 pesos; y, en la Contraloría, por 49 millones 806 mil 796 pesos.
Ahora veremos el curso que toman las investigaciones, para ver si no queda sólo en golpes mediáticos o las investigaciones llegan al terreno legal y sus consecuentes sanciones. Ya se verá.
