Por Ignacio García
Durante la sexagésima cuarta y sexagésima quinta legislatura del Congreso local se presentaron cinco casos de juicios políticos contra alcaldes, de los cuales sólo un procedió y el resto fueron descartados por la comisión Instructora, por lo cual los recursos interpuestos por los ciudadanos por presuntos ilícitos fueron desechados.
En la sexagésima cuarta legislatura del Congreso local se recibió el juicio político contra el alcalde de Calnali, Isaid Acosta Téllez, por haber rendido protesta como presidente municipal el 15 de diciembre de 2020, pese a haber sido inhabilitado por la Contraloría municipal tres días antes por diferentes irregularidades cometidas en su gestión como director de Obras Públicas municipal en el cuatrienio pasado.
El recurso fue presentado por parte de un grupo de ciudadanos ante la comisión Instructora y en ese momento el coordinador del grupo legislativo del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Ricardo Baptista González, aseveró que el caso procedería y que no se permitiría la impunidad en ese ayuntamiento.
Sin embargo, después de tres meses de la denuncia, los legisladores locales aceptaron el juicio político contra el edil emanado del Partido Nueva Alianza de Hidalgo (Panalh) y aprobaron la procedencia del mismo, por lo cual pidieron la inhabilitación del servicio público por cuatro años al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo (TSJEH), pero el mismo descartó esas sanciones al considerar que no existieron elementos probatorios en su contra.
Por ello, el edil continuó en funciones para concluir con su cuatrienio, mientras que el entonces legislador local del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) lamentó que el tribunal estatal no sancionara al presidente municipal, pero el Poder Legislativo de la entidad no podría actuar para impedir que siga en sus labores.
Con el inicio de la sexagésima quinta legislatura del Congreso local en septiembre de 2021, se recibieron nuevos juicios políticos contra alcaldes, pues el primero fue contra el ex alcalde de Epazoyucan, Fidel “N”, quien fue acusado de violencia de género por la ex tesorera del ayuntamiento, Yarid Santiago Barrera, quien lo señaló como responsable de distintas acciones cometidas al inicio de su administración.
No obstante, el juicio de procedencia fue descartado por el Congreso local, debido a que el presidente de la comisión Instructora y coordinador de la bancada de Morena en la legislatura, Jorge Hernández Araus, mencionó que esas acusaciones no se encuentran entre los elementos establecidos en la Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado.
El edil fue suspendido de su mandato por el Congreso local después de que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) lo detuvo tras acusarlo del presunto desvío de más de 14 millones de pesos de la cuenta pública de 2022 y posteriormente fue vinculado a proceso, por lo que se encuentra preso en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Pachuca desde noviembre del año pasado.
Asimismo, un grupo de regidores del ayuntamiento de Tepeapulco o interpuso un recurso de oposición contra la alcaldesa de esa demarcación, Marisol Ortega, al señalar que había violado la Constitución local por presuntamente no respetar el marco jurídico durante las sesiones de Cabildo, pero estas acusaciones también fueron desechadas por el Congreso local.
La edil afirmó que se trató de parte del golpeteo político en su contra, y que se trata de elementos intrascendentes y por ello aseveró que continuará con las labores en el gobierno municipal sin importar los señalamientos que trataron de suspender su gestión.
Posteriormente, un grupo de pobladores presentó un recurso de juicio político contra el alcalde de Atitalaquia, Lorenzo Agustín Hernández, a quien acusaron de su presunta responsabilidad en las irregularidades en el relleno sanitario de Atitalaquia que fue clausurado en julio del año pasado, luego de que el 4 de junio un joven activista fue asesinado tras permanecer en un plantón por el funcionamiento de ese espacio de acumulación de desechos sólidos.
Aunque el recurso fue acompañado por regidores opositores, los legisladores locales desecharon ese recurso de procedencia, al señalar que la responsabilidad en el manejo del relleno sanitario correspondía a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales estatal (Semarnath) y no era facultad del ayuntamiento de Atitalaquia su regulación.
Además, un grupo de comerciantes del ayuntamiento de Tizayuca interpuso un recurso de juicio político contra la alcaldesa, Susana Ángeles Quesada, debido a que presentó al Cabildo un proyecto para construir un centro cultural y deportivo en un terreno destinado para la reubicación de 300 comerciantes ambulantes del municipio.
El recurso fue recibido ante la Comisión Instructora que analizará la procedencia del mismo para que el órgano legislativo determine su viabilidad y con ello proceda o rechace actuar contra la munícipe que también fue diputada local durante la legislatura pasada por Morena.
A pesar de que en ninguno de los casos se ha procedido contra alcaldes en funciones en el estado, este tipo de solicitudes incrementaron en el actual cuatrienio que finaliza el próximo 4 de septiembre de 2024, pero siete alcaldes han sido suspendidos de sus mandatos por su presunta responsabilidad en el esquema de corrupción denominado “La Estafa Siniestra”.
De los cinco alcaldes acusados para juicios políticos ante el Congreso local, uno es del Panalh, dos son del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y dos más de Morena.
