Por Miriam Camacho
El presidente municipal, Carlos Montaño Rodríguez, informó en conferencia de prensa que el ayuntamiento tuvo que cubrir una deuda de 3.5 millones de pesos con un particular, como resultado de una demanda heredada desde 2016.
El pago, que representó un impacto significativo en el presupuesto municipal, se realizó a costa de recursos originalmente destinados a áreas como obra pública, educación y cultura.
La síndica municipal, Luz Elena Estrada Ubilla, detalló que el adeudo se remonta al 12 de noviembre de 2016, cuando Alfredo Ramos López interpuso una demanda tras verse afectado por la ampliación de un bulevar en terrenos de su propiedad. En su momento, el ciudadano había acordado con el ayuntamiento el reintegro de los predios, pero el convenio no se cumplió, lo que llevó a que el conflicto legal se prolongara a lo largo de varias administraciones.
Finalmente, el acuerdo legal más reciente fijó el pago de 20.18 hectáreas, valuadas en 4 millones 570 mil pesos de acuerdo con peritajes catastrales, sin embargo, el monto fue negociado hasta los 3.5 millones de pesos, con lo que se logró cerrar el caso.
Durante el litigio, se solicitó al ayuntamiento señalar bienes municipales para responder por el daño, lo que reveló otra problemática: la falta de escrituras en la mayoría de los inmuebles del municipio, ante esto, la síndica advirtió que menos del 5% de las propiedades municipales cuenta con certeza jurídica.
Entre los inmuebles sin documentación se encuentran la presidencia municipal, el auditorio, el lienzo charro, canchas deportivas y zonas de uso múltiple. Muchos de estos espacios fueron donados “de palabra”, sin que existan documentos legales que respalden su propiedad municipal. Regularizar estos predios implicará un nuevo gasto en escrituración, para el cual actualmente no hay presupuesto.
Deudas laborales: más de 40 carpetas abiertas.
Otro problema heredado es el relacionado con laudos laborales. La síndica reconoció que hay al menos 40 expedientes abiertos, aunque aún no se puede determinar el monto total a pagar, ya que depende de factores como la antigüedad de los trabajadores, sus puestos y los abogados involucrados.
Mencionó el caso de un expolicía que trabajó solo un mes y recibió una indemnización de 300 mil pesos. En total, el ayuntamiento ha desembolsado más de un millón de pesos en este tipo de litigios, y todavía hay pendientes por resolver.
El presidente municipal y su Cabildo señalaron que han comenzado a poner orden en la administración pública, aunque reconocen que varios de estos problemas escapan a su responsabilidad directa. Afirmaron que están promoviendo acciones legales contra exfuncionarios responsables, con la esperanza de recuperar parte del dinero público y evitar que la población de Epazoyucan siga pagando por decisiones mal gestionadas en el pasado.
