Columna Balcón Político Semanal
Por Carlos Camacho
Es altamente probable que la jueza Janett Mendoza Montiel, haya actuado “correctamente”, al dejar en libertad a Marco Antonio G.M., autor de un cuádruple homicidio, a pesar de la advertencia de una de las víctimas, su ex mujer, de que si lo liberaban le volvería a hacer daño, pero su determinación, apegada a derecho o no, le generó una condena ciudadana, pues la responsabiliza socialmente de que su decisión permitió al ex policía, a atacar sanguinariamente a una familia de Mineral de la Reforma, el pasado 5 de febrero.
La propia presidenta del Tribunal Superior de Justicia en Hidalgo (TSJH), Rebeca Aladro, respondió a la pregunta de los reporteros, que la jueza actuó correctamente y ante la presión de los periodistas, dijo que se investigaría el caso.
En la comunidad de Azoyatla, no solo fueron asesinadas cuatro personas y otras más herida, sino que otras dos personas fueron privadas de su libertad, lo que también generó indignación especialmente del gremio periodístico, pues se trató de los abuelos de una reportera de esta entidad.
Las autoridades municipales, atinaron a considerar que la muerte de una mujer, sus padres y su hermano, a manos de la ex pareja sentimental de la primera, fue “un hecho aislado” y el secretario de Gobierno, Guillermo Olivares Reyna, respondió desde las “Jornadas por la Paz”, organizadas precisamente en la cabecera del municipio de Mineral de la Reforma, donde en un día fueron victimadas seis personas, que el multihomicida “no volverá a ver la luz”.
Evidentemente el discurso de las autoridades, la determinación de la jueza Janett Mendoza y la respuesta de la presidenta del TSJH, distan mucho del ánimo ciudadano, que no ve coincidencia entre su percepción y las decisiones de las autoridades encargadas de aplicar la justicia pues, en este caso, se liberó a un sujeto que aprovechó las posibilidades que le dio la ley para ir y asesinar a su ex pareja, a sus ex suegros y a su ex cuñado.
Algo no concuerda entre la visión de nuestras autoridades, con la visión de la ciudadanía que condena y exige justicia no sólo para los familiares de los occisos, sino que quiere ver empatía entre sus gobernantes y los impartidores de justicia, con el sentir social, que no es solamente un tema de “percepción ciudadana”. Porque, para familiares y ciudadanos, el Poder Judicial liberó a un homicida en potencia, a pesar de las advertencias de la víctima de violencia familiar y privación ilegal de la libertad, que cometió en su contra un ex servidor público, cuya tarea era brindar seguridad a sus conciudadanos.
