Los trabajadores no tienen seguridad social ni las distintas prestaciones laborales.
Por Ignacio García
El negocio de los repartidores de productos y alimentos por aplicaciones móviles ha crecido en los últimos meses, sin embargo, las personas que se dedican a estas actividades no se encuentran en la formalidad laboral, es decir, que obtienen recursos económicos por los servicios que prestan.
Alan Rocha García, repartidor de la aplicación Uber Eats, relató que sus ingresos económicos dependen del total de los servicios que prestan, por lo que dependen del total de la demanda que se presente, mismas que se incrementan cuando hay condiciones meteorológicas adversas, así como los fines de semana y días festivos.
El repartidor, de 20 años, dijo que, pese a la carencia de seguridad social, estas actividades le brindan la posibilidad de determinar los horarios en los cuales puede ofrecer sus servicios, aunque reconoció que ha crecido el número de personas que se dedican a estas actividades y en la competencia.
“Antes nos iba mejor, pero ahora con más competencia, sí tenemos que ponernos las pilas”, narró el joven repartidor, quien complementa su labor con sus estudios universitarios, pues aseveró que este trabajo le permite obtener los ingresos económicos suficientes para seguir estudiando sin que tenga problemas de horarios.
El joven afirmó que entre sus propios compañeros le solicitan los servicios y realiza entregas dentro de la universidad, por lo que sus ingresos económicos pueden variar, pero alcanza cerca de 500 pesos al día, valiosos para pagar sus pasajes, así como la gasolina de la motocicleta que utiliza, su alimentación y pagarse la renta.
Pese a ello, en caso de padecer alguna enfermedad, no tiene seguridad social, debido a que no tiene un contrato laboral que le garantice un servicio de salud público, aunado a que tampoco tiene derecho a vacaciones, pues si deja de trabajar, entonces no tendrá ingresos económicos.
Sobre esto, Gerardo Montaño Vázquez, abogado laborista independiente, cuestionó la falta de regulación de las aplicaciones móviles, que obtienen ganancias económicas superiores a las inversiones que realizan, pues aseveró que son mínimas, pues son los propios trabajadores quienes destinan sus motocicletas para prestar los servicios, sin que las empresas tengan que gastar en proveer los insumos básicos.
El jurista manifestó que, al tratarse de una relación laboral informal, las empresas se pueden deslindar fácilmente de la situación que atraviesen los trabajadores, vulnerando sus condiciones laborales, por lo que aseveró que el Congreso local debe regular este tipo de situaciones específicas.
El defensor legal indicó que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) estatal debe encargarse de las labores de revisión de las aplicaciones móviles, pues, aunque han prohibido el servicio de transporte público, sí permiten a los repartidores de alimentos y productos, quienes se encuentran en condiciones de mayor precariedad laboral.
Asimismo, indicó que se necesita obligar a las empresas a brindar seguridad social a los trabajadores que operan para estas organizaciones, debido a que las ganancias económicas que alcanzan son superiores y crecientes, mientras que los trabajadores dependen del total de los servicios que ofrezcan, disponiendo de sus propios materiales para brindar el servicio.
En tanto, la presidenta de la comisión de Trabajo del Congreso local, Claudia Lilia Luna Islas, mencionó que se necesita regularizar este tipo de servicios para que los trabajadores tengan mejores condiciones laborales, ante la situación precarizada en la que se encuentran.
La legisladora del Partido Acción Nacional (PAN) reconoció que el gobierno estatal y federal deben atender este tipo de situaciones, debido a que los repartidores no poseen condiciones laborales de protección ante cualquier eventualidad, debido a que pueden estar en mayor desigualdad para prestar los servicios que ofrecen.
De la misma manera, manifestó que buscará el acompañamiento de los repartidores de estos servicios si desean organizarse para buscar registrarse como un gremio que les brinde protección y luchen por sus derechos laborales, debido a que se deben mejorar los servicios que les proveen a los trabajadores.
También lamentó que se han sofisticado diferentes mecanismos de desigualdad de los trabajadores, quienes deben ofrecer servicios sin condiciones laborales adecuadas que les permitan contar con un sistema de ahorro, así como la seguridad social que se ha caracterizado como parte de los requerimientos mínimos de la Ley Federal de Trabajo.
Por su parte, Luis Ángel Carrillo Bustamante, operador de la empresa Rappid, también reconoció que los servicios que ofrecen los coloca prácticamente como trabajadores eventuales, pero la necesidad económica lo obligó a tomar ese empleo de forma temporal.
“No espero estar mucho tiempo, pero mientras, me sirve para cubrir los gastos”, comentó el repartidor de 24 años, quien también tiene que gastar en sus datos de internet para prestar el servicio, porque tampoco es cubierto por la empresa, así como los gastos adicionales que deben realizar.
“La gente piensa que nos dan un salario, pero estamos como los comisionistas, dependemos de los servicios que hagamos”, expresó el repartidor, quien prácticamente labora las ocho horas al día para que cubra los gastos necesarios para brindar el servicio y que debe efectuarse a contrarreloj.
Hasta el momento, a nivel federal no existe una regulación sobre las condiciones laborales en las que se encuentran los repartidores en línea, concepto que se ha incrementado desde el inicio de la pandemia de Covid-19 en 2020 y que ha seguido al alza.
