Anticipa el Diputado Andrés Velázquez.
Por Miriam Camacho
Los estados de Hidalgo y Tlaxcala, aún no han completado la transición de Procuraduría General de Justicia a Fiscalía General, la mayoría de los estados e hicieron este proceso, siguiendo el modelo federal de 2014, pero aquí no se ha podido completar a pesar de que el Congreso del Estado aprobó por unanimidad de votos la transición desde septiembre de 2021.
Desde ese año (2021), los diputados de la 64 Legislatura aprobaron que la transición se llevaría a cabo en un plazo de dos años, con un límite el 22 de julio de 2024, llegada esta fecha se propuso ampliar el plazo hasta el 28 de febrero del 2025, pero en julio del 2024, los legisladores aprobaron la reforma a la Constitución Política del Estado de Hidalgo para ampliar un año más, cumpliéndose esta fecha el próximo 22 de julio de 2025. Aunque falta solo un mes para cumplir el plazo, la transición podría extenderse al 2026, pues el Congreso puede aprobar nuevas prórrogas mediante reformas constitucionales locales.
La transición está respaldada por la reforma constitucional federal de 2014, realizada en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en la que se modificó el artículo 102 y otorgó autonomía constitucional a la Procuraduría General de la República, que debió convertirse en Fiscalía General de la República, a partir de esto todos los estados debían realizar cambios similares, pero Hidalgo ha sido omiso.
Razones del retraso.
Según las autoridades, el proceso implica no solo cambios estructurales y legislativos, sino también una adecuación presupuestal que garantice el funcionamiento autónomo del nuevo órgano, otro argumento es que la transición no se hará a medias, sino que responda realmente a las necesidades del sistema de justicia.
Entre los beneficios que propone este cambio está la autonomía pues la fiscalía funcionaría como órgano autónomo, independiente del Poder Ejecutivo, tendría mayores facultades para la atención de denuncias, se agilizarían los trámites de impartición de justicia y supuestamente se evitará la intromisión de los otros poderes en las tareas de investigación.
Si bien, no hay información específica sobre posibles sanciones por no haber realizado el cambio, sí es claro que el retraso puede afectar la coordinación con el sistema nacional de justicia y la eficiencia en la procuración de justicia.
Las autoridades legislativas confían en que la transición quede finalmente el siguiente año, aunque las múltiples prórrogas sugieren que los desafíos técnicos y presupuestales siguen siendo significativos, así como lo complejo que les ha resultado transformar una institución antigua y viciada en un órgano moderno, con adecuada estructura administrativa, presupuestal y operativa.
Lectura política.
Especialistas consideran que posiblemente el cambio no se ha dado porque el mantener la estructura de la Procuraduría, permite al Ejecutivo estatal conservar el control sobre la institución; otros creen que siendo ahora un estado morenista, se debe garantizar que la nueva Fiscalía se alinee completamente con el proyecto político de la 4T, también se piensa que con tanta prórroga (2021, 2024, 2025) existe una resistencia estructural o falta de voluntad política real para ceder el control sobre la procuración de justicia y finalmente se habla de que la transición ha coincidido con el cambio en la administración estatal y federal, lo que ha sumado complejidad al proceso.
Al respecto, el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del estado de Hidalgo, Andrés Velázquez Vázquez expresó en marzo del año en curso que se analizaría extender una prórroga hasta 2027, debido a que el proceso estaba detenido por el paro de trabajadores para garantizar sus derechos, por la Reforma al Poder Judicial y otros factores económicos.
También comentó que la Procuraduría ya actuaba como Fiscalía y solo hace falta ajustar los cambios legales y administrativos para formalizar la transición, también recordó que la prioridad era garantizar los derechos de los trabajadores y había que revisar bien cada caso, agregó que la intención de posponerlo hasta 2027, sería para empatarlo con las elecciones del Poder Judicial de Hidalgo en 2027.
