Por Miriam Camacho
César Román Mora Velázquez, ex contralor del gobierno de Hidalgo y uno de los principales implicados en el esquema de corrupción conocido como la “Estafa Siniestra”, podría pisar suelo mexicano sin ser detenido inmediatamente, gracias a una estrategia legal que busca frenar las órdenes de aprehensión vigentes en su contra.
De acuerdo con el proceso legal que enfrenta, será trasladado por deportación y no por extradición, por lo que Mora Velázquez será retornado por las autoridades migratorias de Estados Unidos por haber permanecido en ese país con una visa vencida (como ilegal); es preciso recordar que fue detenido el 28 de mayo en Miami, Florida, por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), tras una alerta de Interpol y con apoyo de la Embajada de EE. UU. en México.
Este procedimiento de deportación simplifica su retorno y evita que enfrente procesos judiciales en EE. UU., permitiendo que llegue pronto a territorio mexicano, sin embargo, podría quedar libre al llegar pues interpuso un amparo ante un juez federal en Hidalgo con la intención de evitar ser detenido al momento de su arribo, si el juez le concede una suspensión provisional, las autoridades locales no podrían arrestarlo mientras se resuelve el fondo del juicio de amparo.
En otras palabras, significa que, aunque enfrenta acusaciones por peculado, tráfico de influencias, amenazas y desvío de más de 520 millones de pesos, podría permanecer en libertad temporalmente y enfrentar el proceso judicial en libertad, al menos mientras el juez analiza si sus derechos fueron vulnerados.
¿De quién es responsabilidad traerlo a Hidalgo?
La coordinación para su traslado y puesta a disposición de la justicia en Hidalgo recae en el Instituto Nacional de Migración (INM), que lo recibirá en México al ser deportado, también en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), que emitió las órdenes de aprehensión y será la encargada de ejecutar la detención (si el amparo lo permite) y judicializar su caso, así como la FGR y autoridades aeroportuarias, que pueden actuar en caso de coordinación interinstitucional.
Si el amparo no surte efecto, Mora Velázquez podría ser detenido apenas pise suelo mexicano y ser trasladado a Hidalgo, pero eso lo decidirá el juez de distrito que sea asignado por turno y territorio, este tiene 15 días para resolver salvo que se trate de un amparo contra normas generales o extradición donde el plazo es de 30 días, a su vez, tiene de 24 a 48 horas para decir si lo admite o desecha y hasta 3 días para subsanar aunque en la práctica puede tardar varios meses si hay recursos o alta carga procesal.
Con relación a la deportación, la ley de migración solo establece que una vez emitida la orden de deportación, la autoridad debe ejecutarla “sin dilaciones indebidas” por lo que no hay plazos definidos, no hay plazos máximos precisos solo actuar con prontitud, pero si hay un amparo en curso, la deportación debe suspenderse hasta que se resuelva y por lo pronto se establecen medidas cautelares.
¿Qué es la Estafa Siniestra?
Se trata de una red de corrupción en la que exfuncionarios y alcaldes de Hidalgo están señalados por desviar más de 522 millones de pesos mediante empresas fantasma, contratos simulados y adquisiciones irregulares durante la pandemia. Entre los casos, destaca el pago de software de vigilancia que nunca fue entregado, la responsabilidad se le adjudica a César Mora como autor intelectual de este esquema.
En conclusión, el regreso de César Román Mora a México no implica automáticamente su encarcelamiento. El uso del amparo le podría permitir enfrentar los cargos en libertad, al menos temporalmente, pese a la gravedad de las acusaciones, este caso revela las fisuras del sistema judicial mexicano y devela las argucias legales que pueden ser utilizadas pese la comprobada malversación de fondos públicos.
En medio del creciente interés por las posibles implicaciones políticas del caso, el actual contralor de Hidalgo, Álvaro Bardales, aseguró que la investigación de la “Estafa Siniestra” no llegará hasta el exgobernador y hoy embajador de México en Noruega Omar Fayad Meneses, ya que, según sus propias palabras “no firmó contratos ni documentos que lo vinculen directamente con los desvíos”.
Además, Bardales explicó que la exsecretaria de Finanzas, Jessica Blancas, tampoco enfrenta actualmente órdenes de aprehensión ni procesos penales abiertos, dado que su participación administrativa no ha sido relacionada hasta ahora con las contrataciones irregulares que detonaron la red de corrupción. Estas declaraciones han generado críticas y sospechas sobre un posible manto de protección institucional, aunque la Procuraduría estatal asegura que las investigaciones siguen su curso.
