Columna Balcón Político
Por Carlos Camacho
Cuando al poder le interesa un asunto, se impone y lo realiza a costa de lo que sea; cuando no es de su interés, deja que el pueblo (“bueno y sabio”) decida; así ocurrió con uno de los 100 compromisos del gobierno de Claudia Sheinbaum, consistente en un Polo de Desarrollo de Economía Circular “Parque Hidalgo”, en tierras de Tula de Allende, rechazado por no más de ocho mil habitantes de esa región, que en una consulta pública en la que participaron 12 mil 259 de 139 mil 306 ciudadanos, dijeron NO al proyecto cancelado definitivamente por el gobierno federal.
La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) publicó ayer la cancelación de la declaratoria para el proyecto decretado por el gobierno mexicano, aunque la consulta se realizó desde.
EL Parque de Economía Circular, sería el primero en su tipo en México y se orientaría al aprovechamiento de residuos orgánicos y reciclables, evitando que llegaran a basureros o rellenos sanitarios, transformándolos en nuevas materias primas que se reinsertaran en los ciclos productivos, justificaba entonces la Semarnat.
Desde su anuncio, el gobierno hidalguense anunció una serie de foros informativos y una posterior consulta ciudadana, para que la gente decidiera si estaba o no de acuerdo con el proyecto.
En el imaginario colectivo quedó la idea de que el gobierno no supo socializar el proyecto, dejó que unos cuántos decidieran por una mayoría y se comprometió a respetar la votación.
El 14 de diciembre pasado, de 139 mil 306 habitantes de los municipios de Tula de Allende, Tlaxcoapan y Atitalaquia, el día de la consulta, acudieron a las urnas apenas 12 mil 259 y de ellos, votaron por el NO, 7 mil 736, que representaron el 63 por ciento, con lo que se canceló la viabilidad de un proyecto que se asentaría en una superficie de 275 hectáreas, pertenecientes a Pemex, donde en el gobierno de Felipe Calderón, se construiría una nueva refinería.
Desde el 21 de abril, Pemex le comunicó a la Semarnat que “se apreciaba inviable” seguir con el proyecto, frente el “disenso social” que había provocado en los habitantes de la región.
Las protestas que generó el anunció generaron la idea de la falta de sensibilidad y de trabajo político de las autoridades para convencer a la ciudadanía de las bondades del proyecto.
Pero, al final se impuso la idea de que no se trataba de una planta de reciclaje, sino de un gigantesco basurero al que llegaría la basura no sólo de los 14 municipios de la región, sino de los vecinos del Estado de México y la Ciudad de México, lo que aumentaría los problemas de seria contaminación que padece la región desde hace décadas.
