Por Catalina Martínez Duarte
El manejo forestal regulado y legal, está en el olvido y marginado, lo que ha permitido la tala ilegal de bosques, como es el caso de Acaxochitlán que desde hace muchos años es un foco rojo en ese aspecto; con todo y que los silvicultores con el debido plan aplicado por expertos en la materia, pueden lograr altos dividendos hasta entrar a los apoyos que se conocen como bonos de carbono.
Naún Abraham Fragoso López, académico de ingeniería forestal desde el 2012, especializado en manejo de recurso forestales, egresado del Instituto de Ciencias Agropecuarias (Icap) de Tulancingo de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH, es quien tiene el diagnóstico del ecocidio que se comete a diario en Acaxochitlán, así como los métodos a seguir para detener la situación.
El estudio le sirvió para su tesis “Cambio de cobertura y uso de suelo”, desarrollado por 11 años de manera satelital tiempo en el que pudo observar: “mi hipótesis fue que estaba creciendo la frontera agrícola contra la forestal y no, encontrando que el principal problema en Acaxochitlán es el clandestinaje a tal grado que, de bosques de pino se ha convertido en de encino, porque el primero se lo están acabando”.
El hecho es que es más caro: “el análisis que hice fue que de un viaje de madera que trasportan en una noche ellos se ganaban de 20 a 25 mil pesos, lo que ha provocado que existan grupos organizados que se dedican exclusivamente a robar los árboles, a la vez que hay aserraderos clandestinos”.
“Eso ya se convirtió en una mafia, que sigue creciendo, la otra es que había predios bajo manejo dentro del área de río Necaxa, que tiene un decreto que no se puede aprovechar, la gente lo que hace es decir que no hay ley y de aquí le sacamos, esa cuenca se está perdiendo por ello”.
Se refirió a que los aprovechamientos el gobierno los tiene asegurado por mínimo 10 años, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) los puede revisar en cualquier momento y si no se cumple los dueños son sujetos a una sanción de esa dependencia y la Comisión Nacional Forestal (Conafor) ya los tienen en su sistema con todos los datos.
Por ello sugiere que antes de hacer los decretos se debe aplicar un estudio, para saber si es viable, tomando en cuenta a la población; porque se hacen áreas protegidas por hacerlas sin más razón, la gente como no obtiene ningún beneficio no le interesa, cuando se hace el aprovechamiento el ejidatario o propietario obtiene un ingreso, el 40 por ciento se reinvierte en brechas corta fuego, reforestación, letreros, cercado y cada año hay que reponer planta.
Lo segundo es regular los aserraderos: “ahí la autoridad debe meter más mano a la obra, lamentablemente los elementos de Profepa son pocos, se tiene que fortalecer esa dependencia, para que tenga presencia en la zona, que se haga una coordinación en los tres niveles de gobierno y en conjunto se demuestre y se enseñe a la gente, que sacando un permiso pueden obtener más que otra persona que se lo lleve, es decir se duermen y al otro día ya no están sus árboles”.
El alto sentido de responsabilidad hacia el ambiente vital ha llevado al ingeniero Fragoso López a abrir un despacho de servicios técnicos forestales: “la utilidad forestal es la única que debe tener un prestador de servicios técnicos de planta, un asesor, porque todos los árboles que se derriban son marcados con un monograma que nos autorizan la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) porque nos tiene en su registro.
Hacen un inventario exploratorio, qué hay dentro del bosque, para decir a las personas si les conviene o no, el primer año deben de pagar un programa de manejo, que vale por 10 años, más el marqueo de árboles, actualmente tiene un costo por hectárea aproximado de 800 pesos, resultando un trabajo sostenible y sustentable.
“Hemos visto que los talamontes en Acaxochitlán cuando ven la marca se han detenido porque saben que hay presencia de gente haciendo trabajos”; aunque el problema radica en que: “hace un tiempo cuando estaba de gobernador en Hidalgo Miguel Angel Osorio Chong, Conafor aportaba una parte y el gobierno otro en apoyo a los silvicultores, pero se quitó y la Comisión lo redujo, ahora son muy raquíticas las ayudas”.
Ahora con el apoyo en bonos de carbono se busca que la gente cuide más los bosques, porque se subastan las toneladas de carbono que captura su bosque y se venden en dólares; por lo que está juntando con la Asociación de Silvicultores unas tres mil hectáreas para meterlas en ese proyecto que regula la Reserva de Acción Climática de California, en el estado del mismo nombre, para entrar a la subasta mundial, lo que resulta un aliciente para los ejidos y predios en su conservación.
Esta acciones de Naún llevan otra vertiente ya que al tener contacto y acercamiento con los dueños o ejidatarios de bosques, sus estudiantes hacen sus prácticas, tramita autorizaciones para el aprovechamiento maderero, que promuevan el plan de manejo legal: “porque no se debe seguir derribando por derribar es un proceso que sigue a lo largo de un tiempo, buscando que el producto salga lícito así como darle rotación a la masa forestal y renovarla sin ponerla en riesgo para las siguientes generaciones”.
“No se les da mucha importancia a los ingenieros forestales, aunque somos las personas aptas para restaurar el ecosistema que está degradado junto con biólogos, estamos viendo la deforestación, cambio climático; por eso pedimos nos ayuden a difundir que la carrera forestal cubre muchas disciplinas, vale la pena estudiarla”.
