Por Rogelio Hernández López
Gerardo Antonio Martínez y Marcos Nucamendi son dos jóvenes profesionistas que hacen una investigación más acuciosa sobre la fenomenología de los asesinatos a periodistas en México para la Comisión para el Acceso a la Verdad de la Secretaría de Gobernación.
Durante la entrevista que pidieron a este veterano reportero se les insistió que, aun cuando se castigara a todos los criminales (lo que no sucederá por las deficiencias del sistema de justicia) las agresiones y crímenes seguirán numerosos hasta que no se modifiquen las condiciones estructurales que hacen extremadamente vulnerables a las y los periodistas.
Por si hicieran falta evidencias para sostener esta afirmación se les refirió observar las particularidades de los 9 periodistas victimados en 2023. En su mayoría eran colegas que trabajaban con alta precariedad, en estados de la República con violencia de alto impacto, para medios de prensa digitales con poca influencia y con pocas medidas de autoprotección, Estos son perfiles similares de los 13 asesinados en 2022. Y de los 11 de 2021, y de los 22 de 2020. Caen quienes tienen menos fortalezas profesionales y sociales.
Homologar los métodos
Desde ahora alguna instancia de gobierno o académica podría impulsar los estudios y diagnósticos que permitan prever agravios y sugerir medidas realmente preventivas para la protección de quienes informan con una actividad del más alto interés público.
Nadie está haciendo, por ejemplo, las tipologías de las agresiones, de los agresores, de los agredidos, los mapas de riesgos que servirían para compartir entre todos los organismos y para hacer previsiones, incluso ni siquiera hay quien impulse una metodología común para el registro de agresiones y asesinatos.
A los investigadores se les describió, como otro ejemplo de esta diversidad de enfoques, que los organismos e instancias de gobiernos que registran hechos de violencia contra periodistas tienen metodologías distintas y, como consecuencia les resultan relatorías y sumas diferentes y recomendaciones distintas.
Como ejemplo véase el reporte sobre México que divulgó el 13 de diciembre de Reporteros Sin Fronteras desde Francia. Ellos registraron en 2023 solo 4 asesinatos de periodistas realizando su labor profesional, misma cantidad que reportó el 2 de noviembre la organización Artículo 19, con sede en Londres.
Por su parte, la fiscalía especial federal y la Secretaría de Seguridad Ciudadana reconoció a inicios de noviembre solo 5 casos en 2023, lo que contrasta con los 13 asesinatos que había registrado en octubre el Mecanismo federal de protección y que informó a la Cámara de Diputados de la Unión.
Pero las publicaciones periodísticas, cuando ocurre cada crimen, indican que hasta el momento fueron 9 personas asesinadas durante este 2023, sin discriminar porque estuvieran o no realizando tareas periodísticas en el momento de violencia en su contra sino con el criterio de que estuvieran vinculadas al periodismo. En todos los casos se exige justicia por los asesinatos.
Los 9
Durante la conversación con los investigadores no se pudo referir caso por caso de los 9 asesinatos de personas vinculadas al periodismo en 2023. En el resumen se confirma la vulnerabilidad y las precarias condiciones de trabajo de la mayoría.
Febrero 14. Abisai Pérez Romero, periodista, activista y estudiante de último grado de la carrera de Comunicación y Cultura de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México fue encontrado sin vida en Tula, Hidalgo. No adoptó medidas de autoprotección.
Febrero 20. Ramiro Araujo Ochoa, fotoperiodista Ramiro Araujo Ochoa, de 67 años fue asesinado por dos adolescentes de 17 y 16 años que le robaron su cámara cuando hacía cobertura informativa del carnaval de Ensenada para la revista Sol Ensenada.
Marzo 4. Carlos Acosta, reportero de asuntos económicos de 65 años de edad fue encontrado sin vida en un hotel de la alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México.
Mayo 11. Gerardo Torres Rentería, camarógrafo y reportero independiente y director de la Red Noticias (digital) fue asesinado por varios sujetos dentro de su casa.
Mayo 23. Marco Aurelio Ramírez Hernández, es reportero, ex director general de gobierno en Puebla y colaborador de Stereo Luz FM fue balaceado en su vehículo en Tehuacán.
Julio 8. Luis Martín Sánchez Íñiguez, corresponsal de La Jornada en Nayarit fue encontrado muerto en El Aguacate, municipio de Tepic. Estuvo desaparecido desde tres días antes.
Julio 15. Nelson Matus, reportero y director del portal online Lo Real, fue acribillado a balazos en el estacionamiento de una tienda en Acapulco.
Septiembre 25. Gutiérrez Vergara, reportero y director de Notiface Prensa Digital, falleció como víctima colateral durante un ataque armado a policías municipales en Sonora.
Noviembre 16. Ismael Villagómez Tapia, fotoperiodista que completaba ingresos económicos como chofer de una plataforma digital fue encontrado muerto en Ciudad Juárez, Chihuahua.
El medio ambiente
Es cierto que los asesinatos de periodistas casi siempre ocurren en entidades con alta violencia. Ese también es un factor que deberá tomarse en cuenta para los estudios de la fenomenología de esos crímenes.
Quizá una evidencia sea que la disminución paulatina de asesinatos de personas ligadas al periodismo responda a la baja de homicidios dolosos en todo el país que se registra oficialmente. En 2020 se contabilizaron 22 asesinatos de informadores, en 2022 fueron 13 y 9 en 2023 (baja del 30 por ciento).
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez informó el 13 de diciembre que los homicidios dolosos en el país disminuyeron 19 por ciento respecto al inicio del actual.
Pero lo que tiene que modificarse, es lo de fondo, lo estructural se les insistió a los jóvenes profesionistas que investigan para la Segob. Tendría que iniciarse un programa especial que se sustente en un andamiaje jurídico que termine de reforzar al actual Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación, que ha logrado salvar vidas pero ya es insuficiente.
Y un punto de inició para ese programa especial debería ser esa ley general (nacional) con un alto carácter preventivo para crear condiciones que fortalezcan en varios aspectos a la mayoría de quienes hacen periodismo en condiciones de precariedad y altos riesgos. Mirada de reportero.