Columna Balcón Político
Por Carlos Camacho
Apenas en mayo pasado se autorizó un incremento en el servicio de transporte público colectivo, que pasó de 10 a 12 pesos y ese aumento estaría sujeto a mejoras obligatorias como unidades limpias, operadores capacitados y tarifas visibles. Sólo se ha cumplido con lo último.
Y ayer, la Secretaría de Movilidad y Transporte (WEMOT), anunció ajustes en las tarifas en el servicio de transporte público personal, es decir, el servicio de taxis, pero la titular de esa dependencia del gobierno, Lizbeth Robles Gutiérez, olvidó referirse al tema de la mejora en el servicio, que afecta a miles de usuarios en todo el estado.
Cuando se autorizó el aumento de dos pesos al pasaje en el servicio de transporte colectivo, se aclaró que darían un plazo de tres meses a que los concesionarios mejoraran la calidad de sus unidades en beneficio de los usuarios. Pasaron los tres meses y el servicio es el mismo. No hay mejoría, las unidades no cambiaron en nada, los choferes tampoco.
La titular de la SEMOT, para quien los comentarios adversos de los medios de información le son indiferentes, explicó en la conferencia que ofrece el gobierno cada lunes, que habrá un aumento gradual, por fases, en el servicio de taxis y el estado se dividirá en fases (habrá cinco) y la primera, en la que comenzarán a aplicarse los ajustes, será la que corresponde a Pachuca y Mineral de la Reforma.
Dijo que la tarifa tendrá un aumento del 20 por ciento y pasará de 38 a 45 pesos, con un aumento adicional de tres a cuatro pesos, por cada kilómetro adicional, además de un peso extra cada vez que el taxi avance 150 metros, a una velocidad de 15 kilómetros, lo cual se cumple a cabalidad en la zona sur de Pachuca, donde los cuellos de botella ya no ocurren sólo en las horas pico, sino que ese problema lo padecen los automovilistas a toda hora.
Es verdad, que la SEMOT ya no permite vehículos con una antigüedad mayor a 10 años, lo que en teoría garantiza unidades en buenas condiciones, pero en realidad no es así, pues si bien los modelos de las unidades no rebasan la década de antigüedad, sus condiciones no son óptimas.
Al final, el afectado es el usuario, quien tiene que ajustar su economía, para poder cubrir los aumentos que de manera unilateral autoriza el gobierno, pero no garantiza un servicio óptimo.
Actualmente en el estado circulan 24 mil 647 unidades de transporte público y privado que cuentan con unan concesión oficial.
