Por Carlos Camacho
Las autoridades de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), han ido poco a poco arrinconando a los promotores del paro estudiantil más prolongado de los últimos tiempos, que inicialmente demandaba fin a los abusos de directivos y catedráticos y apuntaba a una reestructuración de la vida interna de la máxima casa de estudios, que pasara por la democratización en la elección de sus autoridades, desde el rector a los directores de institutos y escuelas.
Han pasado ya 80 días y hoy la UAEH dio un duro golpe al grupo que inició las protestas en el Instituto de Artes, pues un nutrido grupo de alumnos decidió reanudar clases en las instalaciones de la rectoría ubicada en el edificio de Abasolo 600.
Con eso se busca reducir al mínimo las protestas, mientras que mediáticamente el tema se vuelve legal, luego que las autoridades universitarias y su dirigente estudiantil, denuncian acoso de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH).
Sacar el conflicto del campus universitario y llevarlo al terreno legal para confrontarse con la PGJEH, ha sido la estrategia, para diluir poco a poco las protestas que se habían extendido a otros institutos y escuelas, lo que puso en riesgo no sólo el semestre para los alumnos, sino que se avizoraba la posibilidad de cambios sustanciales en la estructura administrativa, académica y financiera de la UAEH.
Hoy, el todavía dirigente del Consejo Estudiantil Universitario, Esteban Rodríguez Dávila, acusa al encargado de despacho, Santiago Nieto Castillo, de persecución en su contra, luego que fue citado a comparecer por su presunta participación en los hechos violentos del pasado 19 de septiembre en la histórica sede de rectoría, contra alumnos del IDA, que resultaron lesionados cuando pretendían entrar a las instalaciones universitarias.
Santiago Nieto es, por decirlo de algún modo, el verdugo de la UAEH, pues en su tiempo de titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), se encargó de que le congelaran las cuentas a la UAEH, lo que posteriormente derivó en la detención y encarcelamiento del jefe del Grupo Universidad, Gerardo Sosa Castelán, hoy con prisión domiciliaria.
Un conflicto que surgió dentro de las aulas universitarias de alumnos contra sus directivos y catedráticos abusadores, se ha vuelto un asunto legal, que ha colocado en segundo plano a los alumnos y sus legítimas demandas, para convertirlo en un tema de disputas legales entre dirigentes estudiantiles contra autoridades judiciales, para de ese modo distraer lo que verdaderamente debería importar, que sería acabar con un cacicazgo que se ejerce desde más de 40 años, sin que nadie puede evitarlo.
Extraoficialmente se habla de disputas familiares que provocaron las protestas, aparentemente iniciadas por Agustín Sosa Castelán, secretario general del Sindicato de Personal Académico de la UAEH (SPAUAEH), molesto porque su hermano, Gerardo, se inclinó por Octavio Acosta Castillo, para relevar a Adolfo Pontigo Loyola y no por su hermano menor, a la rectoría universitaria.
Más allá de las disputas familiares, lo que verdaderamente hace falta para poder hablar de cambios verdaderos, es una reforma a la Ley Orgánica de la UAEH, asunto que pasa por el Poder Legislativo Local, hoy dominado por una mayoría afín a Sosa Castelán, quien ya dio muestra de estar en contra de cualquier asomo de democracia, al ordenar a las autoridades formales de la UAEH; a que se le impusiera un órgano de interno de control, una especie de auditoría no supeditada a las decisiones de Gerardo Sosa.
Ya iremos viendo, cómo se desenvuelve el asunto, hoy cargado al lado legal y con ánimos autoritarios de reducir al mínimo al grupo de protestantes, sea con amenazas o con premios, una vieja práctica de las autoridades universitarias, cuando ven en riesgo su hegemonía autoritaria.
