Por Carlos Camacho
El presidente municipal de Ajacuba, Francisco Basurto Acosta ha dado nuevas muestras de su falta de empatía y desdén por sus gobernados, pero ahora involucró en ello a su directora de protección civil, Nelly Sahul Ibarra, quienes han dejado sin el apoyo necesario a un grupo de personas que anteriormente se trasladaban tres veces por semana al Estado de México, para recibir las hemodiálisis que requieren, debido a sus padecimientos renales.
Y todo parece que comenzó luego de la más reciente visita del gobernador, Julio Menchaca Salazar, a la cabecera municipal, donde Nohemí Pérez Morales, lo abordó para pedirle ayuda, pues requiere de hemodiálisis tres veces por semana. Anteriormente se las hacían en la clínica del IMSS en Tula de allende, pero luego de las inundaciones y el cierre del nosocomio, ahora tiene que acudir a Tepoztlán, Estado de México.
Ella, junto con otras cinco personas eran trasladadas a ese lugar, en una ambulancia propiedad del municipio y hasta ahí todo iba bien, pero luego de la entrevista con el mandatario estatal, el chofer de la unidad le informó que ya no recibiría apoyo alguno.
Luego, acudió con la directora de Protección Civil, Nelly Sahul Ibarra, en busca de ayuda, pero no hubo respuesta y tampoco la hubo en el Centro de Salud. Envió un escrito al presidente municipal por lo que consideró como “otro abuso y discriminación” de las autoridades municipales en contra de la gente que requiere la atención.
Ella atribuye este desdén a que las autoridades municipales están molestas, porque el día que abordó al ejecutivo estatal, para pedirle una ambulancia más grande y equipada para atender las necesidades de los ciudadanos de Ajacuba, la directora de Protección Civil intentó impedir que se acercara a Menchaca Salazar y le ofreció atenderla ella posteriormente. Tres días después se le retiró el apoyo para su traslado al Edomex.
Ahora acusan a Nelly Sahul Ibarra de hacer negocio con la venta de agua potable a piperos que cargan en la estación de Bomberos y el costo por llenar de cada pipa va de los 700 a 800 pesos, lo cual, sostienen los inconformes, se ha convertido en un pingüe negocio para el alcalde y la directora de Protección Civil municipal.
Recientemente el municipio no logró un crédito de Banobras para la perforación de un pozo de agua y en cambio el alcalde ordenó antes de Semana Santa la construcción de un bulevar de acceso a la cabecera municipal, sin reportarlo a la Asamblea Municipal, con la que también tiene serias confrontaciones precisamente por la forma en que gobierna su municipio.
