Por Carlos Camacho
Las adiciones al párrafo segundo del artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que desaparece 13 de 14 fideicomisos, ha polarizado la opinión de quienes apoyan las decisiones del presidente Andrés Manuel López Obrador y quienes sostienen que con esas acciones el país va en picada.
Unos aceptan el discurso de que se trata de acabar con los privilegios de unos cuántos y otros sostienen que desaparecer fideicomisos afecta a los más de 55 mil trabajadores del Poder Judicial de la Federación, que el miércoles iniciaron un paro de actividades hasta mañana y ayer salieron a las calles a protestar contra las decisiones del Congreso.
El conflicto ha permitido a los ciudadanos enterarnos de situaciones desconocidas y permiten preguntarnos quién dice la verdad, el gobierno federal o el PJF.
Para los trabajadores, esos fideicomisos sirven para el pago de manera complementaria de algunos derechos laborales como pensiones, seguridad social, vivienda, cobertura de salud y retiro. Si desaparecen los fideicomisos, perderían esos derechos, aseguran dirigentes como el del Sindicato del Poder Judicial de la Federación en Hidalgo, Francisco Moreno López, quien representa a 720 trabajadores, de los cuales una parte salió a marchar ayer por las calles de Pachuca.
Los diputados y senadores de Morena, PT y PVEM; coinciden con la visión presidencial de que desaparecer estos fideicomisos es “legal, pertinente y necesario”, pues con eso se beneficia el bien común, y, aseguran, se respetan los derechos de los trabajadores del Poder Judicial. Además de acabar con excesos y dispendios de un grupo de funcionarios privilegiados.
Los partidos de oposición (PRI, PAN y PRD) sostienen que se trata de una venganza presidencial contra la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)Norma Piña y jueces que han resuelto o sentenciado contra decisiones del gobierno federal.
El articulista de la revista Siempre, Onel Ortíz, brinda cifras, para entender de algún modo, cómo se reparten estos fideicomisos.
La Suma de los 14 fideicomisos representan alrededor de 21 mil millones de pesos y de estos, se destinan 10 mil millones a pensiones complementarias de 387 magistrados y jueces jubilados, 25 mandos superiores, 184 de personal operativo. Hay un plan de prestaciones médicas para cuatro personas. En total 599 beneficiados.
Para mantenimiento de casa habitación de magistrados y jueces, se destinan 76 millones de pesos; un fideicomiso de apoyo médico complementario para servidores públicos del Poder Judicial (con excepción de la Corte) por 96 millones de pesos que corresponden a los 55 mil 880 trabajadores del Poder Judicial.
Además de un fondo de apoyo a la administración de justicia con recursos por seis mil millones de pesos, que la reforma aprobada el 17 de octubre, no toca.
Con datos del INRGI; le plantilla laboral del Poder Judicial, es de 53 mil 160 personas; el 7 % corresponde a la SCJN; 3.4 % al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y 89.6 % adscritos al Consejo de la Judicatura Federal.
La SCJN cuenta con 11 ministros, dos salas y un pleno; el TEPJF, siete magistrados, una sala superior y cinco salas regionales y una especializada; el CJF tiene seis consejeros.
El columnista de El Economista Enrique Quintana dice que ninguno de los fideicomisos eliminados tiene como propósito cubrir las prestaciones de los ministros de la Corte, más bien, afectan al grueso de los temas de justicia federal, que son atendidos en los juzgados y tribunales y “los afectados son mayormente personal operativo”.
Adelanta que luego del escándalo la confrontación entre poderes y la polarización entre quienes están de lado de la 4T y los que la rechazan, vendrá la “judicialización” de la reforma, primero con la promoción de una acción de inconstitucionalidad que emprenderán los legisladores opositores a las reformas y luego, una vez que llegue a la Corte, se resolverá que la decisión del legislativo es inconstitucional y la echará abajo.
Mientras eso ocurre, o no, la polarización arrecia y más cuando vivimos tiempos electorales.
