Por Carlos Camacho
Apenas se conoció que el candidato a diputado federal por la huasteca hidalguense postulado por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) será el alcalde de Huejutla, Daniel Andrade Zurutuza y de inmediato le surgió una denuncia en contra por presunto abuso sexual, cometido durante las fiestas del Xantolo en el 2022.
El presidente de Huejutla, que primero renunció al PRI y luego llegó al poder municipal postulado por el extinto Partido Encuentro Social (PES), enfrenta la seria acusación que hizo una mujer a través de una conferencia de prensa en la que brinda detalles de la agresión en la que precisa que no se trata de cuestiones políticas ni electorales, sino que se trata de reclamar justicia, que se le ha negado desde que interpuso la denuncia penal.
La semana pasada, el presidente estatal de Morena, Marco Antonio Rico Mercado, presumía que “es el tiempo de las mujeres”, cuando dio nombres de cinco de ellas que encabezarían igual número de distritos electorales federales y anticipaba que en Huejutla, que había quedado pendiente, muy probablemente “también ira mujer”, lo que no sucedió.
La participación política del empresario huejutlense ha sido polémica, pues todavía se recuerdan los regaños en campaña a sus futuros votantes, las protestas afuera de la presidencia municipal por obras prometidas e incumplidas, o haber ofrecido en un acto pública la entrega del gobierno municipal a su amigo José Alfredo San Román Duval.
Andrade Zurutuza se suma a la nada honrable lista de políticos cuya trayectoria ha sido cuestionada y evidenciada a través de la prensa, como son los casos del priista Francisco Olvera Ruiz, acusado de haber dejado un adeudo del gobierno estatal al ISSSTE por un monto de cinco mil millones de pesos.
También se suma a la lista la senadora ex priista, luego independiente y ahora aliada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Nuvia Mayorga Delgado a quien se le señala de haber cometido irregularidades cuando fue directora de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), durante la gestión del presidente Enrique Peña Nieto.
Se le señala de haber hecho triangulaciones y desvíos financieros por un monto de 58 millones de pesos, en favor de la firma Desarrollos Integrales S.A. de C.V., en la que incluyó a sus dos hijos, Mario Alberto y Ana Karen Gálvez Mayorga, además de haber adquirido propiedades en zonas de lujo de la Ciudad de México.
Otro político cuya honorabilidad fue puesta en duda, es el diputado federal y candidato al senado de la República por Morena, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, a quien se le señalan omisiones en su declaración patrimonial y tener más propiedades y negocios de los que declaró.
Tanto Olvera Ruiz como Ochoa Fernández, han salido a desmentir las acusaciones mediáticas y las circunscriben a los tiempos político-electorales que vivimos y tratan de reducir a campañas de desprestigio de sus adversarios políticos.
Veremos si las acusaciones en contra de estos cuatro personajes toman cursos legales o si en efecto, son sólo golpes mediáticos de sus adversarios en tiempos de elecciones.
Por lo pronto, como dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, la calumnia no mancha, pero tizna.
