Por Carlos Camacho
El Partido Revolucionario Institucional (PRI), fue el único que se animó a acudir a las instancias federales para echar abajo un paquete de reformas, ya aprobadas en el Congreso local, que propuso en su oportunidad el gobernador Julio Menchaca Salazar, especialmente la relacionada con desaparecer los 84 consejos locales electorales que, a juicio del ejecutivo estatal, representan un ahorro económico de cerca de 50 millones de pesos, pero para el tricolor, es un atentado a la democracia y no representa economías para el estado.
El viernes 18 de agosto, con 23 votos a favor, dos en contra y tres abstenciones, se aprobaron las diversas reformas electorales, que incluyen, la Ley de Revocación de Mandato, volver a los periodos de tres años para los ayuntamientos (el actual es de cuatro años) y la reelección consecutiva de diputados locales, presidentes municipales, sindicaturas y regidurías.
Además, como lo había adelantado en diversas entrevistas “banqueteras”, el gobernador Julio Menchaca Salazar, propuso y logró la aprobación de su iniciativa, la desaparición de los 84 consejos locales electorales, para que sean los 18 consejos distritales locales, los que absorban las tareas que desempeñaban las instancias municipales.
Esa propuesta no les agradó a los dirigentes estatales del PRI, PAN y PRD, y apenas conocieron de la aprobación en el Congreso local, anunciaron que acudirían a los tribunales para echar abajo esa iniciativa.
Claudia Lilia Luna Islas, presidenta del PAN y Jorge Luis Pérez Viveros, se sumaron al anuncio de su colega, dirigente del PRI, Marco Antonio Mendoza Bustamante, quien adelantó en su momento que promovería acciones de inconstitucionalidad, por considerar que la cancelación de los consejos electorales municipales, “no supone ningún ahorro y se perderá la capacidad operativa del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH) para los cómputos municipales. Sobre todo porque el próximo año, que habrá elecciones concurrentes, en Hidalgo, además de presidente, senadores y diputados federales, los hidalguenses elegiremos diputados locales y presidentes municipales, con sus síndicos y regidores.
También la diputada federal y secretaria general del CN del PRI señaló que Morena “hizo valer su mayoría en el Congreso de Hidalgo y aprobó al vapor una reforma electoral regresiva y antidemocrática y la desaparición de los consejos locales está diseñada para centralizar las elecciones y vulnera al IEEH y adelantó que acudiría hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para “combatir esta reforma y demostrar que viola los principios democráticos que rigen nuestro país”.
Ahora, el dirigente estatal del PRI agregó en sus argumentos de queja que presentó ante la SCJN, no se consultó a los pueblos indígenas, como marca la ley, y la desaparición de los consejos locales electorales, “atenta contra el derecho de las personas a que su voto sea respetado”.
Según sus datos, en Hidalgo hay mil 100 comunidades con población indígena, repartidas en 45 de los 84 municipios, por lo que el Congreso local en un ejercicio de democracia deliberativa y de apego a la Ley de Derechos y Cultura Indígena, debió realizar la consulta indígena, antes de aprobar la desaparición de dichos consejos.
Además de que esta acción (de desaparecer los consejos electorales locales) es un “grave ataque a la democracia y ocasionará que no haya certeza en el voto emitido por la ciudadanía, toda vez que, al trasladar los paquetes electorales a los consejos distritales, dichos paquetes serán sujetos de desapareceré o de violencia.
Para reforzar su tesis, dijo que no habrá ahorro alguno de dinero, pues lo mismo tendrá que invertirse en el fortalecimiento de los consejos distritales, y aun así sería insuficiente porque no cuentan con la capacidad operativa para sustituir los consejos locales.
