Por Carlos Camacho
Debido al mal servicio que reciben, los vecinos del fraccionamiento pachuqueño, Real de la Plata Esmeralda, decidieron prescindir de la empresa Grupo Esma Seguridad Privada Empresarial, pero la reacción de los “empresarios” fue la de amenazar a los vecinos y exigir que el contrato correspondiente se extienda hasta diciembre próximo.
El domingo vino el desencuentro entre los representantes vecinales y el representante de la empresa prestadora del servicio de seguridad privada, Jesús de la Rosa, quien exigió que “por seguridad de la administración y del fraccionamiento”, el servicio deberá seguirse prestando hasta el 31 de diciembre.
Advirtió que de no respetarse esta exigencia, acusaría a los representantes vecinales de amenazas “de arma de fuego” con daño físico y moral a los trabajadores y para el término del contrato se hará responsable a la representación del fraccionamiento para resarcir los daños en contra de los elementos, como de la empresa por la cancelación del contrato haciéndose responsables de las sanciones económicas que se deriven como el pago de mensualidades del presente contrato.
Los colonos, aclararon que la cancelación se debió al mal servicio que reciben y, curiosamente, el primer día que comenzó a brindar seguridad otra empresa, una parte de la malla ciclónica que protege el fraccionamiento, fue cortada deliberadamente, por lo que los vecinos procedieron legalmente.
Argel “N”, quien se dijo ser ´propietario de la empresa Esma, acusó agresiones contra uno de sus agentes, por parte de un visitante, pero lo que omitió fue decir que su agente de seguridad, se encontraba en estado de ebriedad y fue él quien provocó un incidente con un visitante, lo que fue uno de los argumentos para la suspensión de la empresa.
De acuerdo con los mismos vecinos, el dueño de la empresa Grupo Esma, intentó obligar a los representantes a firmar un documento para comprometerse a prorrogar hasta diciembre el contrato, del que ya no están dispuestos a mantener los vecinos, por el deficiente servicio que reciben.
Los colonos afectados pidieron la intervención de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH), encargada de regular este tipo de empresas y verificar que operen de acuerdo con la ley y brinden un servicio eficiente y a satisfacción de quienes los contratan.
