Por Carlos Camacho
El municipio de Zempoala, como otros de la zona conurbada, ha tenido un crecimiento desmedido y sin control debido al número de asentamientos humanos que se han construido en las dos últimas décadas, lo que genera una serie de problemas, comenzando por la falta de municipalización, que no es otra cosa que la entrega de los nuevos fraccionamientos al municipio, para que éste se encargue de dotar de los servicios correspondientes.
No es un problema privativo de Zempoala, pues Pachuca, Epazoyucan, Mineral de la Reforma y otros más que conforman la zona metropolitana, tienen los mismos problemas, a los que se suman las quejas recurrentes de los nuevos colonos, quienes se quejan de la mala calidad de las viviendas que adquieren y la falta de espacios de uso común, que el fraccionador debe dar en donación a la colonia, para la construcción de escuelas, iglesias, parques y áreas verdes.
Estos planteamientos los hace Edgar Isidro León Canales, quien fue secretario municipal en el período 2016-2019, durante la gestión de Héctor Meneses y reconoce que en Bando de Gobierno Municipal, no hace eco de la Ley de Asentamientos Humanos y Reglamentos.
Podría decirse que en condiciones de irregularidad, por una u otra causa, se encuentran 40 fraccionamientos, que incluyen 186 privadas semi residenciales, la mayoría de ellas sin municipalizar y donde los fraccionadores no han concluido con las obras condicionadas para su autorización, como mitigación ambiental, movilidad, seguridad, equipamiento de áreas verdes.
Cada fraccionamiento tiene entre 300 y 400 viviendas y en algunos casos, los desarrolladores pasan por alto la donación de áreas para saludo, educación y áreas verdes.
Una de muchas irregularidades, dice el ex funcionario, se cometió durante el gobierno de Francisco Olvera Ruiz, en el fraccionamiento Mineral del Oro, donde la constructora convino con el gobierno la donación de dos mil metros cuadrados, como pago por obra en áreas verdes, violando la Ley de Asentamientos Humanos.
En ese caso, el municipio se inconformó con este acuerdo, pero el convenio no se anuló.
Por eso, considera que se debe fortalecer la reglamentación municipal para un correcto desahogo de los procedimientos administrativos para la protección de estas propiedades comunales y no sean objetivo de trueques entre funcionarios y desarrolladores, en perjuicio de los vecinos de esos nuevos fraccionamientos.
Por lo pronto, se ha aprobado la construcción de seis mil casas más en ese municipio y el desorden continúa.
