Por Carlos Camacho
Mientras que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), informó respecto de la detención del ex subsecretario de Finanzas de la Secretaría de Educación Pública (SEPH), por el presunto desvío de recursos por 140 millones de pesos, mediante una empresa “fantasma”, el gobernador Julio Menchaca Salazar, anunció la incorporación a su gobierno del ex secretario de la Política Pública y de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), José Luis Romo Cruz, justo cuando su gobierno investiga una cadena de irregularidades cometidas por ex colaboradores de Omar Fayad Meneses y de una serie de alcaldes vinculados con la denominada “Estafa Siniestra”.
En el primer caso, se trata de Pablo Moreno Calva, quien fue detenido en un operativo policiaco en su domicilio y es acusado de desvío de recursos y peculado por un monto de 144 millones de pesos que habría “pagado” a una empresa “fantasma” para la elaboración de un diagnóstico ordenado por la SEPH.
Aunque también se le investiga por un probable fraude por 400 millones de pesos.
Su caso se asemeja al ocurrido en septiembre del 2020, cuando fue detenido el también ex subsecretario de Finanzas, de la misma SEPH, durante el gobierno de Francisco Olvera Ruiz, Pablo Pérez Martínez, sentenciado posteriormente a 10 años y tres meses de prisión por e3l desvío de 67.8 millones de pesos.
La misma semana pasada se hizo circular la ficha roja emitida por la Interpol, para capturar al ex secretario de la Contraloría, en el gobierno de Fayad Meneses. Se trata de César Mora Velázquez, a quien se responsabiliza de ser el orquestador intelectual de la denominada “Estafa Siniestra”, mediante la cual se destinaban recursos a los municipios, para que posteriormente los alcaldes los destinara a financiar una presunta campaña electoral, que se presume sería la de Israel Félix Soto, en caso de que fuera candidato a gobernador para las elecciones del año pasado, cosa que no ocurrió.
En esta trama, también se involucra a la secretaria de Finanzas, igual en el gobierno del priista Omar Fayad, aunque a ella por haber dispuesto de alrededor de 800 millones de pesos para destinarlos a Banco Accendo, que el año pasado se declaró en quiebra.
Lo mismo ocurre con el ex Oficial Mayor del gobierno anterior, Martiniano Vega Orozco, quien tramitó sin éxito amparos para evitar la acción de la justicia. Hoy se desconoce su paradero.
Por otro lado, el gobernador Julio Menchaca Salazar, informó la semana que concluye, respecto de la incorporación a la Secretaría de Desarrollo Económico, del ex titular de esa dependencia, José Luis Romo Cruz, para aprovechar su trabajo anterior en diversos proyectos específicos que son convenientes para el estado y se busca aprovechar la labor que realizó el ixmiquilpense.
Pero, esa misma suerte no correrán otros personajes del gobierno anterior, varios de ellos investigados por la PGJEH. Al respecto, el secretario de la Contraloría, Alvaro Bardales Ramírez, dijo que se han fincado responsabilidades a seis alcaldes, tres de ellos encarcelados y no más, prófugo de la justicia.
Además, siguen su curso 15 investigaciones a ex titulares de los órganos internos de control, en dependencias donde se detectaron diversas irregularidades en la aplicación de recursos extraordinarios.
