Por Miriam Camacho
La reforma constitucional que sentó las bases legales para transformar las procuradurías en fiscalías estatales fue publicada el 18 de junio de 2008, ahí se estableció un plazo máximo de 8 años (hasta 2016) para que las entidades se adaptaran a las nuevas exigencias constitucionales, pero fue hasta 2014 cuando se definió el modelo institucional autónomo que pretendía dotarlas de patrimonio, estructura y presupuesto propios asignado directamente por el Congreso (sin intervención del Ejecutivo), con el compromiso de profesionalizarse, facilitar la investigación, autonomía técnica y combate a la impunidad.
El asunto está trabado en Hidalgo, desde 2022 cuando se instaló la Comisión Interinstitucional de Transición, creada para un plazo inicial de dos años (hasta 2024) con el objetivo de dotar a la nueva Fiscalía de autonomía presupuestal, operativa y jurídica, el argumento de las instituciones es que no es sólo un cambio de nombre sino de fondo y que se requiere mayor presupuesto para completar el proceso.
Sólo para 2025 se destinaron 195 millones 502 mil pesos, sumando un total aproximado de 643 millones de pesos acumulados desde 2023, sin embargo, la Comisión Técnica afirma que estos montos “no son suficientes” para lograr una transformación completa en términos técnicos y administrativos por ello, aplazaron el tema hasta julio del 2028.
Este nuevo aplazamiento surge de la solicitud planteada por el secretario técnico de la comisión, David Magaña Muñoz, ante la necesidad de crear “un órgano constitucional autónomo, con patrimonio y estructura propia” y enfatizó que alcanzar esa consolidación puede demandar entre 5 y 7 años si se considera el contexto nacional actual.
Por su parte, el encargado del despacho de la Procuraduría, Francisco Fernández Hasbun, destacó que aún existen “retos pendientes” en materia de trámites administrativos y de estructura interna, lo cual justifica la prórroga; mientras, el gobernador Julio Menchaca Salazar, se limitó a decir que s se concretará la transición en su gobierno.
La transición a lo largo del territorio tuvo diversos contratiempos, pero el primer estado en lograrlo fue Tabasco (en 2014) donde el procurador se convirtió en fiscal general por un periodo de 9 años, luego fue la CDMX, en septiembre del 2018 seguida de Puebla que inició en 2014 y concluyó el proceso años después.
Así fueron realizando el cambio los demás estados teniendo como rezago sólo a Tlaxcala, Baja California Sur e Hidalgo, el primero ya completó la transición en 2024 y en menos de 5 meses ya opera como Fiscalía; Baja California Sur se abstuvo del cambio, con el argumento de eficiencia en su Procuraduría y entonces sólo el estado de Hidalgo ya tiene “todo” para el cambio, pero prefiere discutirlo hasta 2028.
Ventajas de la transición.
El espíritu de este procedimiento es establecer un órgano constitucional autónomo, con independencia operativa, administrativa y presupuestal ajena al gobierno en turno, lo que les permitirá profesionalizar la procuración de justicia, garantizar mayor transparencia, reducir la impunidad y blindar las investigaciones de intereses políticos.
El aplazamiento de la transición significaría, por un lado, seguir subordinado al gobierno, lo que puede facilitar la alineación política, pero visto desde el lado más sutil, según especialistas, la transición no se ha tomado en cuenta porque a corto plazo resulta más barato y es un modelo más ágil para la toma de decisiones.
Postura de Claudia Sheinbaum.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha desmentido categóricamente que su gobierno pretenda revertir la figura de fiscalías autónomas para volver al modelo de procuradurías subordinadas al Ejecutivo, calificando esas versiones como “noticias falsas”, sin embargo, sí ha reconocido que existen deficiencias en muchas fiscalías estatales, como falta de profesionalización, baja eficacia en la investigación de delitos y escasa rendición de cuentas, por lo que ha planteado la necesidad de realizar una evaluación profunda del modelo actual.
Aseguró que su objetivo no es eliminar la autonomía, sino mejorar el funcionamiento institucional para garantizar justicia eficiente, honesta y cercana a la ciudadanía.
El caso es que, a casi una década del plazo legal establecido, Hidalgo continúa sin concretar la transformación institucional más relevante en materia de justicia, pese a tener ley, comisión y presupuesto. El costo de seguir posponiéndolo, más allá de lo financiero, es político y social y mantiene un sistema subordinado a intereses de corto plazo.
