Los menores de edad en su mayoría están en vulneración y apenas cuentan con nivel de secundaria.
Por Ignacio García
Durante 2023 un total de mil 49 adolescentes fueron imputados por la comisión de diferentes delitos en el estado, ocupando el décimo primer lugar a nivel nacional en cuanto al total de los ilícitos que se han abierto contra menores de edad, de acuerdo con las Estadísticas sobre Personas Adolescentes en Conflicto con la Ley, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
El reporte federal reveló que los delitos con mayor frecuencia fueron lesiones que representaron 24.8 por ciento, robo con 15.2 por ciento, amenazas con 9.4 por ciento y abuso sexual con el nueve por ciento, mientras que narcomenudeo fueron 8.4 por ciento.
De acuerdo con el Inegi, el 60 por ciento de las víctimas fueron mujeres, de quienes el 56.7 por ciento tenían 19 años o más, mientras que el 66.3 por ciento se encontraban con medida no privativa de la libertad y el 33.7 por ciento tenían alguna medida privativa o restrictiva de la libertad.
De la misma manera, del total de los adolescentes que ingresaron a un centro de internamiento, el 92.2 por ciento fueron hombres y el 7.8 por ciento fueron mujeres, por lo que la tasa por cada cien mil adolescentes que fueron internados a estos centros de internamiento fue de 9.7 por ciento, lo que representó que se ubicó por debajo del promedio nacional.
En tanto que, por la ocupación en centros de internamiento para personas adolescentes por cada cien camas útiles, en Hidalgo fueron el 29.1 por ciento, lo que significa que se ubicó por encima de la media nacional, aunque el 23.8 por ciento de los adolescentes privados de la libertad no contaban con resolución de su caso penal.
Asimismo, Hidalgo se ubicó en el último lugar a nivel nacional en cuanto al personal que labora en los centros de internamiento para adolescentes por entidad, ya que apenas cuenta con 18 personas, mientras que el estado con la mayor cantidad de trabajadores fue Guanajuato con 180 empleados.
Además, el 84.5 por ciento del total de la población adolescente tuvieron asesoría de un abogado antes de llegar con la persona juzgadora de lo penal por primera vez, lo que representó un incremento en cuanto al total de la población que tuvo acceso a estos mecanismos de protección.
También el 96.3 por ciento de la población adolescente internada contó con servicios psicológicos y el 77.4 por ciento de quienes estuvieron privados de la libertad continuaron con sus estudios, aunado a que también aprendieron alguna actividad u oficio en su estancia.
El Inegi detalló que el 5.1 por ciento de la población internada durante 2023 atentaron contra su vida, por lo que representó un crecimiento con respecto al 4.9 por ciento que se había contabilizado en 2022, y aún mayor con relación al 4.3 por ciento que se cuantificó en 2017.
El 79.6 por ciento de la población adolescente sujeta a una situación penal manifestaron que consumieron sustancias psicotrópicas, siendo el alcohol la más frecuente, seguida de tabaco, mariguana, cocaína e inhalables.
El 79 por ciento de la población adolescente internada señalaron que son regañados, castigados o sancionados en su entorno familiar, siendo más frecuente en el caso de las mujeres con relación a los hombres, y el nivel de escolaridad de los menores de edad privados de la libertad en su mayoría tuvieron un nivel de estudios de secundaria con el 36.8 por ciento.
Al respecto, Guadalupe Zavala González, investigadora en Conducta Infantil del Centro Nacional de Prevención de Adicciones, mencionó que la tendencia de violencia se ha intensificado en diferentes estados del país, por lo cual manifestó que en Hidalgo no existen políticas públicas encaminadas a la atención integral de la población que se encuentran sujetas en procesos penales.
La especialista sostuvo que la población adolescente requiere de una serie de medidas específicas para la protección de las personas que son sujetas a diferentes situaciones, por lo que enfatizó en la importancia de contar con medidas de protección necesarias para evitar que se repliquen prácticas que atenten contra los derechos humanos.
De la misma manera, aseveró que la población adolescente, principalmente los varones, se encuentran en un abandono permanente por parte de los núcleos familiares, ya que están expuestos a adicciones por la ausencia de la figura materna o paterna, misma que pueden debilitar los procesos de atención.
Asimismo, consideró necesario que se refuercen los mecanismos de acompañamiento para garantizar la adecuada reinserción social de los menores de edad que son procesados por la comisión de algún delito, debido a que se trata de un problema que no se han resuelto.
También indicó que las autoridades estatales no han apostado a la protección de las personas en situación de vulnerabilidad, debido a que el centro de internamiento para menores de edad lo que produce es un mayor abandono, dado que los adolescentes que ingresan probablemente lo hagan en una condición peor para su rehabilitación.
Las personas que están en situación de vulnerabilidad requieren de un acompañamiento permanente de los padres de familia, que necesitan de medidas de aprendizaje, para que se alejen de las adicciones y fomenten labores de reinserción social.
Hidalgo es uno de los estados con menor infraestructura a nivel nacional en cuanto a la atención de los menores de edad que son procesados penalmente por la comisión de algún delito, menos aún para ilícitos de alto impacto.
