Columna Balcón Político
Por Carlos Camacho
En México y otros 21 países de América Latina y El Caribe, los costos de la violencia representaron en el año 2022 el 3.4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), equivalente al 78 por ciento del presupuesto que se destina a la educación; o el doble para la asistencia social y 12 veces más el recurso para investigación y desarrollo.
El 50 por ciento de los hechos delictivos están relacionados con el crimen organizado y el 54 por ciento de los hogares reporta presencia de grupos criminales locales; mientras que entre el 20 y 50 por ciento considera al crimen organizado como la mayor amenaza a su seguridad.
Nuestro país, junto con otros como Honduras, Ecuador, Colombia, Jamaica, Trinidad y Tobago, Bahamas y Belice, son los países que experimentan el mayor costo en capital humano como consecuencia de muertes violentas con valores de entre el 0.61 y 1.19 del PIB.
Del 2014 al 2022 en México, Ecuador, Chile, Barbados y Jamaica, aumentó la tasa de homicidios de entre 48 y 229 por ciento.
Estos son los datos que arroja una investigación financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y FEDESARROLLO, con la participación de siete investigadores, que elaboraron el documento titulado Los Costos de la Violencia para América Latina y El Caribe.
Es un comparativo con el diagnóstico elaborado en el 2014 y el más reciente con datos al 2022, para analizar de qué manera impacta en el desarrollo de las naciones de América Latina y El Caribe.
Los costos indirectos de este fenómeno son: menor inversión, reducción de la productividad empresarial y aumento en la migración; baja en el turismo por la inseguridad, limitación en la generación de empleos y en el desarrollo social.
América Latina y El Caribe presentan porcentajes del PIB más elevados que regiones como África, Oceanía, Asia y Europa, que reportan un costo del 0.06 por ciento del PIB, mientras que en nuestra región la cifra es del 0.44 por ciento.
Las causas de los homicidios se generan por la desigualdad, el desempleo y los bajos niveles de educación, como factores estructurales. Los factores institucionales que inciden en este fenómeno son la ineficacia y corrupción de instituciones policiales, judiciales y penitenciarias; y, altos niveles de impunidad.
Los factores facilitadores son el fácil acceso a las armas de fuego; otros factores están relacionados a la actividad de pandillas, crimen organizado y mercados ilegales.
Aterrizados estos datos a nuestra realidad, notamos que en Hidalgo cada día hay reportes de al menos un hecho violento, como los ocurridos el domingo pasado, cuando en Cuautepec de Hinojosa (donde tendremos elecciones extraordinarias, provocadas precisamente por la violencia que orilló a la anulación de los comicios ordinarios del 2 de junio), apuñalaron y dieron muerte a un taxista, mientras que en Tizayuca, padre e hijo (de ocho años) sufrieron un ataque armado, cuando ambos circulaban a bordo de su vehículo y fueron interceptados por un grupo de desconocidos.
