En el sexenio de López Obrador se desarticuló el Sistema Nacional Anticorrupción.
Por Ignacio García
En Hidalgo el 9.4 por ciento de la población mayor de 18 años ha sido víctima de algún acto de corrupción, por lo que se ubicó en el promedio nacional en cuanto a las prácticas irregulares que se confirmaron en el estado, de acuerdo con datos estadísticos desagregados del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
El reporte federal reveló que la tendencia de personas víctimas de algún acto de corrupción es mayor en varones, de quienes el 12.5 por ciento confirmó haber participado en alguna acción de este tipo, mientras que en las mujeres fue de 6.1 por ciento.
Sin embargo, entre la población que se encuentra recluida en alguno de los Centros de Reinserción Social (Cereso) de la entidad, aumentó el porcentaje de víctimas de corrupción, pues el 34.5 por ciento confirmó haber padecido esta situación, pues el 16.9 por ciento fueron personas privadas de la libertad, 13.4 por ciento de Ministerios Públicos, ocho por ciento de juzgados, y 12.6 por ciento de algún centro penitenciario.
Para el combate de los actos de corrupción, Hidalgo tiene recepción de denuncias, obliga a los servidores públicos a la declaración de su situación patrimonial, registro de declaraciones de intereses, cumplimiento de sanciones, propuesta de mejora para los procesos de los trabajos y constancia de presentación de declaración fiscal.
Así, la percepción de corrupción en el último año descendió 0.8 puntos porcentuales con respecto a 2022, el último año de la administración de Omar Fayad Meneses, cuando se contabilizó el mayor nivel de la percepción de los hechos de corrupción de la entidad.
Israel González Medina, investigador Anticorrupción de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), mencionó que la percepción de la corrupción en el estado disminuyó ligeramente por los recientes anuncios del gobierno estatal sobre el combate a la corrupción a través de las aprehensiones de ex alcaldes vinculados al esquema de desvíos de recursos económicos conocido como “La estafa siniestra”.
El académico mencionó que las prácticas de corrupción continúan en tanto no existan mecanismos más específicos para sancionar a las personas que cometieron algún acto de corrupción, aunado a que la opacidad y la discrecionalidad fortalecen las prácticas irregulares que a su vez debilitan la credibilidad social en las instituciones y su quehacer.
Asimismo, el integrante del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) consideró que es fundamental que se garanticen condiciones adecuadas de combate y prevención de la corrupción, ya que de no efectuarse un instrumento transversal para atender estas problemáticas, este fenómeno seguirá reproduciéndose a través de los servidores públicos de todos los niveles.
De la misma manera, recordó que existe corresponsabilidad de la ciudadanía en general, ya que para que exista la corrupción se necesita que las personas acepten sobornar a los servidores públicos, por lo que existe el mismo nivel de responsabilidad tanto del funcionario como del ciudadano, es decir, del esquema de corruptor y corrupto.
Recordó que en la administración federal de Enrique Peña Nieto se pretendió consolidar una estrategia de combate a la corrupción por medio del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) con la articulación de diferentes instituciones como la Fiscalía General de la República (FGR), Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Secretaría de la Función Pública (SFP), el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI), mismo modelo que se reprodujo en las instituciones estatales con el Sistema Estatal Anticorrupción (SEAH).
No obstante, en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador se abandonó el SNA, misma situación que ocurrió con el SEAH, que desde hace más de un año permanece en el abandono, por lo cual se mantienen entre las instituciones con menos instrumentalización y recursos públicos para el combate de la corrupción.
Por su parte, el presidente de la Asociación Integral de Derechos Humanos de Hidalgo, Gerardo Romero García, también reconoció que existen escasos instrumentos de combate a la corrupción, principalmente con la eliminación de las instituciones garantes de su prevención como el INAI que se pretende extinguir con la reforma constitucional.
El activista aseveró que las prácticas de corrupción se replican de forma significativa entre los ayuntamientos, donde los alcaldes dominan a los titulares de los órganos internos de control, con lo cual no se garantiza que pueda investigar y sancionar al propio presidente municipal, mientras que esa situación se replica en otras instancias.
Por ello, subrayó en la importancia de consolidar un sistema más transversal en el combate a la corrupción que sea más efectivo en cuanto a las funciones que desarrolla y que le permita reducir los actos menores de corrupción que no sólo sean mediáticos, sino que también mejoren las prácticas regulatorias.
Sobre esto, el SNA alertó que ante la falta de mantenimiento y renovación de los perfiles del SEAH existe el riesgo de que se convierta un elefante blanco sin facultades ni atribuciones reales para garantizar prácticas de combate a la corrupción, lo que a su vez puede provocar que este tipo de situaciones se incremente.
Además, mencionó que en gran medida el fortalecimiento de las instituciones de combate a la corrupción requiere de plena autonomía e independencia para que sean capaces de investigar y sancionar a los titulares de las distintas instancias sin que se conviertan en subordinados para atender este tipo de delitos que pueden acelerarse con la desaparición de organismos autónomos como el INAI que ayuda a visibilizar este tipo de conductas.
