Por Carlos Camacho
El regidor Marcos González Trejo, se ha convertido en una especie de “voz en el desierto”, pues es el único que ha evidenciado la corrupción que comete la alcaldesa Estela Martínez San Juan, en el municipio de Tasquillo, solapada por la mayoría de los integrantes del Cabildo.
El asunto más reciente, se refiere al destino desconocido de recursos por 68 millones de pesos destinados a las tareas de seguridad pública, que recientemente se hizo patente en una reunión entre autoridades del gobierno estatal y las municipales, en las que, además, se detectó un déficit de uniformados para atender a una población que ronda los siete mil habitantes.
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, Tasquillo debería contar con 63 policías, pero sólo tiene 20; hay un déficit de 43. Además, la comandancia de la policía municipal, se encuentra en una casa habitación, lo que la hace “vulnerable”.
La alcaldesa argumentó que va llegando al cargo, lo cual es cierto, pero no llegó al Cabildo esta semana, pues desde el 2020 se integró a la Asamblea Municipal como regidora del PRI, para luego ser nombrada presidenta municipal.
En Tasquillo se rumora que la alcaldesa pretende continuar controlando al municipio con la imposición de un candidato por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), al que se sumó por orden del ex gobernador Omar Fayad Meneses, luego de una renuncia masiva de cuadros priistas.
De su lado Marcos González, se perfila como próximo candidato a presidente municipal por el Partido del Trabajo (PT), que fue desdeñado por Morena y decidió caminar con candidatos propios a senadores, diputados federales, locales y presidentes municipales, en 15 de los 84 municipios de la entidad.
El regidor, que ha sido encarcelado, acusado de violencia de género y luego dado de baja como asambleísta, salió absuelto, demandó el pago de sus dietas correspondientes a un año y el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo (TEEH), le dio la razón y ordenó al ayuntamiento cubrir esos adeudos, que le escamotearon con el argumento de falta de recursos en el municipio.
Hoy, se cuestionan el destino de 64 millones de pesos destinados a fortalecer al cuerpo de seguridad pública municipal, que opera solo con 20 uniformados cuando debería contar con 63.
