Por Carlos Camacho
La reducción presupuestal en el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH), abrió otro nuevo frente de disputas entre integrantes del consejo general y el blanco de las críticas sigue siendo la presidenta del organismo, María Magdalena Gonzáles Escalona a quien todo le cuestionan sus compañeras, Miriam Saray Pacheco y Ariadna González.
El nuevo diferendo ocurrió apenas esta misma semana, cuando las consejeras Pacheco y González, sostuvieron que la reducción por más de seis millones de pesos al presupuesto a ejercer este año, afecta el capítulo mil, y en consecuencia los 180 trabajadores del instituto dejarán de percibir compensaciones extra, que se otorgan en tiempos electorales, pues las cargas de trabajo aumentan y los horarios laborales también.
Por esta situación, los empleados del IEEH dejarán de percibir en conjunto 2.6 millones de pesos de apoyos extra, mientras que la consejera presidenta aprobó la compra de 20 vehículos, para los que se destinaron ocho millones de pesos.
Ahora, las consejeras han sugerido a la presidenta acudir al poder ejecutivo estatal y pedir recursos extraordinarios para poder no afectar el denominado capítulo mil.
Pero, las disputas no quedan sólo al interior del organismo, sino que han trascendido a los tribunales electorales, donde tanto Miriam Saray como Ariadna, han interpuesto sus respectivas quejas contra la presidenta.
Por ejemplo, Miriam Saray Pacheco, interpuso un procedimiento especial sancionador ante el Instituto Nacional Electoral (INE), donde fue desechado, pero la quejosa solicitó una revisión en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación TEPJF).
Ariadna González, igual acudió a la Sala Superior del TEPJF donde interpuso un juicio para la protección de sus derechos político-electorales del ciudadano, en contra de la presidenta María Magdalena González Escalona.
Ambas quejosas, consideran que las decisiones al interior del organismo electoral, deben tomarse de forma colegiada y no de manera unilateral, como hace la consejera presidenta.
Paree que no hay modo de conciliar entre las consejeras y sus conflictos generan incertidumbre entre los representantes de los partidos políticos y la propia ciudadanía, pues se corre el riesgo de que el árbitro electoral pierda la confianza y ponga en riesgo el proceso en curso para la renovación del Congreso local y los 84 ayuntamientos de la entidad.
