Por Carlos Camacho
Pues nada que, tres consejeras del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH), siguen con sus pleitos internos y lanzado mensajes de desconfianza en el árbitro encargado de conducir las elecciones concurrentes más importantes de la historia reciente en nuestro país.
Y, si a eso le sumamos la indefinición con respecto de la reserva que se hizo de 27 municipios en los que los partidos políticos deberán registrar únicamente mujeres como candidatas a presidentas municipales, el panorama se torna más complejo, cuando los integrantes del IEEH debieran enfocar sus esfuerzos con generar confianza, certeza y seguridad de que la voluntad ciudadana se respetará el día de los comicios.
La presidenta del IEEH María Magdalena González Escalona, no ha conciliado aún con las consejeras Miriam Saray Pacheco Martínez y Ariadna González Morales, quienes han cuestionado las “decisiones unilaterales” de la consejera presidenta, en el nombramiento de funcionarios de organismo electoral, sin el consenso de los demás integrantes del consejo general.
Por ejemplo, Pacheco Martínez, acudió al Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo (TEEH), para denunciar violencia política en razón de género contra la consejera presidenta.
En tanto que la González Morales, se queja de que la presidenta ha cometido diversas conductas en su contra, como obstruirla en el ejercicio de sus funciones e impedirle desarrollar sus facultades como consejera electoral.
Las inconformidades incluyen la decisión de la consejera presidenta, de nombrar a los encargados de despacho de la Dirección Ejecutiva de Derechos Político-Electorales para los Pueblos y Comunidades Indígenas y del Centro de Estudios para la Democracia, sin el consenso de los demás consejeros.
En descargo de la presidenta del IEEH, se sabe que sus dos compañeras conejeras, reciben asesoría para vulnerar al organismo electoral, del ex consejero electoral Augusto Hernández Abogado, a quien, además, se le atribuye haber “conducido” los trabajos de la consulta indígena ordenada por el Poder Legislativo local, lo que se pagaron alrededor de 12 millones de pesos, para que al final la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), invalidara dicho trabajo.
