Por Carlos Camacho
Desde la perspectiva del Partido Revolucionario Institucional (PRI), ya aprobada por el Congreso local, desaparición de los 84 consejos electorales municipales, pone en riesgo la elección del próximo 2 de junio, por lo que su dirigente Marco Antonio Mendoza Bustamante, propuso una mesa de trabajo con autoridades del gobierno estatal, para garantizar que la cadena de custodia de los materiales electorales, de los municipios a los consejos distritales, no corra riesgos de intromisiones ajenas, que pongan en riesgo el Programa Preliminar de Resultados Electorales (PREP), el día de la jornada electoral.
Reconoció que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), le dio la razón al Poder Legislativo local y rechazó el procedimiento de inconstitucionalidad presentado por el PRI, para anular lo aprobado por el Congreso local, y desaparecer los 84 consejos electorales municipales.
El supuesto ahorro de 40 millones de pesos, “no es nada comparado con los más de cuatro mil millones de pesos que se requieren para obr4as prioritarias en la entidad”, reforzó en conferencia la diputada federal Carolina Viggiano, quien igual que su compañero de bancada, anunciaron un proceso legal más para frenar el denominado “Plan C” del gobierno federal, mediante el cual busca hacerse de la mayoría de espacios a jugarse en los comicios del próximo año, lo que pone en riesgo la equidad del proceso.
El Revolucionario Institucional también se opone a la ya aprobada Ley de Imagen Urbana, que faculta s las autoridades municipales ha retirar de cualquier forma, todo aquello que consideren que daña la imagen urbana, como los puestos ambulantes que particularmente inundan los centros de las cabeceras municipales.
Los dirigentes partidistas han anticipado que acompañarán en su lucha contra dicha ley, a los comerciantes organizados de los municipios, de los cuales algunos estuvieron hoy en la conferencia celebrada en la sede partidista.
Sayonara Vargas, legisladora federal por el distrito de Huejutla, criticó que no hay estrategias que vinculan a las autoridades para garantizarles a los comerciantes ambulantes una opción de empleo y de ingreso, por tanto dicha ley “es letra muerta”.
En la conferencia dieron datos basados en el INEGI y la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), y aseguran que en Hidalgo hay 365 mil 081 micronegocios sin establecimiento; es decir, son puestos ambulantes que operan sobre las banquetas de las calles en cada municipio.
Además de que la población ocupada y que labora en la informalidad suma a 566 mil 519 personas mayores de 15 años.
La informalidad, dijo la diputada Monserrat Hernández, es una respuesta a la falta de empleo en el país y tan solo en Pachuca en desempleo aumentó un 8.9 %; Hidalgo ocupa el tercer lugar en ese segmento, apenas superado por Tlaxcala y Oaxaca.
Criticó la ley propuesta por el ejecutivo estatal el 5 de septiembre de este año y aprobada el 5 de octubre, para entrar en vigor un día después, porque además de facultar a las autoridades a destruir cualquier objeto que dañe la imagen urbana, a los infractores (léase comerciantes ambulantes), les aplicarán multas que van de los dos mil a los 150 mil pesos.
Lo que se requiere, son políticas públicas que fortalezcan la generación de empleos y dar alternativas a quienes por falta de una fuente de ingreso en la formalidad, han tenido que dedicarse al ambulantaje, ahora con la Ley de Imagen Urbana, sobre su patrimonio, si la autoridad determina que su “changarro” afea la imagen de cualquier plaza pública.
