Por Catalina Martínez Duarte
Tulancingo vive entre una mafia policiaca solapada por el presidente municipal Jorge Márquez Alvarado y secretario de Seguridad Ciudadana Rafael Guerrero Gómez; “extorsionan, sacan dinero, se quedan con las pertenencias; las veces que nos hemos reunido con ellos para tratar la situación nos han dicho que van a tomar cartas en el asunto, que van a corregir, a nosotros no nos han dado ninguna muestra y se siguen dando situaciones lamentables, como la del joven que en mayo pasado detuvieron, golpearon y murió en el cuartel, en la celda, donde que él solo se golpeó”.
“El abuso policial fue encubierto, el alcalde Márquez Alvarado dijo que se actuó como tenía que actuarse; en manos de quien estamos para proteger y salvaguardar a la ciudadanía, nosotros hemos investigado y hay pruebas de que fue tratado brutalmente por los policías”.
Así lo señalaron Marcela Palacios Olmedo, Martín Ojeda Olalde y Alberto Ortiz Santos, integrantes de la agrupación Resistencia Civil Pacífica (RCP) que existe desde hace dos años y medio en Tulancingo, son 36 sus integrantes y en el estado en total son 80 los que lucha por la causa, que es un modelo del activismo emprendido por el ahora presidente del país Andrés Manuel López Obrador cuando denuncio fraude electoral al perder en dos ocasiones, en las contiendas para ser el primer mandatario de la Nación.
“A esa lucha ahora también le hemos dado un rumbo social y principalmente trabajamos para evitar los abusos de autoridad”, señalaron, así como que, la RCP no es una asociación civil, no está afiliado a ningún grupo político y su labor es sin fines de lucro apoyando a los más necesitados, no cuentan con oficinas y atienden vía redes sociales, entre el diálogo y la conciliación, todo pacíficamente: “llegamos y solicitamos hablar con quien tiene el mando para conocer la situación”.
Son conocidos de las autoridades locales y estatales, aunque no usan el influyentísimos, aclararon.
Su petición es que se basen en los protocolos de atención, que pocos policías los utilizan la mayoría son arbitrarios: “el primer contacto con un detenido o vehículo, tienen que presentarse con su nombre completo y mencionar el motivo o fundamentar el acto de molestia, toda autoridad debe actuar así cuando la ciudadanía puede salir perjudicada”.
“No es así cuando las personas son detenidas sólo entrar a barandilla, para quedar en libertad les cobran de 2 mil 500 a 3 mil pesos, sin que les den recibo, sin argumentos de la aplicación de esa tarifa o fundamento de ley”.
Un ejemplo cuando la autoridad dictamina sin más que hay una falta administrativa por un escándalo en vía pública, sólo por ir caminando se acercan los elementos y de inmediato preguntan dónde vive, a qué se dedican, cuando ellos no deben cuestionar no son policías investigadores: “cómo es posible que un ciudadano que tiene libertad de caminar, sea detenido por un policía que no se identifica, al que sólo se les puede ver los ojos y la boca porque usan pasamontaña. El artículo 42 de le Ley Federal de Seguridad dice que deben usar una identificación o licencia oficial colectiva y número de placa, pero no es así”.
Integrantes de la RCP también son objeto de agresiones de los mandos medios, por lo que se han protegido estando afiliados a Derechos Humanos: “defendemos lo defendible, si hay delitos o falta administrativas comprobada no intervenimos; por otro lado, la gente desconoce que todo servidor público puede ser evidenciado con cámaras, grabaciones, fotografías, no lo deben prohibir, la autoridad se molesta porque la ciudadanía les haga ver sus errores”.
Es necesario saber nuestros derechos y obligaciones, tener documentos en regla, cumplir con lo que marcan los reglamentos, lo que no hubo con Mariano Jesús, de 32 años, quien dejó dos pequeños hijos en orfandad, los detuvieron en la calle de Doria y Colegio Militar, en el centro de Tulancingo, la noche del 10 de mayo, la gente vio cómo lo golpearon, aventaron a la batea y se lo llevaron mientras lo aprisionaba un oficial con un pie en el pecho contra el piso, y quienes observaban les gritaron que iba vivo; por la madrugada falleció y la autoridad dijo que él mismo se golpeó en la celda 8 donde estaba encarcelado, todo de lo cual ya tiene conocimiento Santiago Nieto Castillo, encargado de Despacho de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo, por lo que no descansarán hasta que se haga justicia.
Señalaron que unos meses antes, cinco personas en la colonia Napateco, de Tulancingo, que estaban apoyando en una mudanza, fueron acusados de robo, se los llevaron al cuartel, sin averiguación, luego les pidieron de tres a cuatro mil pesos para dejarlos en libertad: “cuando de verdad hay delincuentes los dejan libres los policías los conocen a asaltantes, vende drogas, quienes roban casas y no les hacen nada”.
“Somos pacíficos, ayudamos a la población con recursos propios les ayudamos hacen trámites, viajamos a Pachuca, hacemos donativos como medicamentos, ropa o recursos para ayudar a quien más lo necesitan, esperamos que más gente se una a nuestra causa”.
